El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha reclamado este viernes 23 de octubre que, «si el estado de alarma es la solución» para afrontar la incidencia actual de la pandemia del coronavirus en España, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo «decrete». En este sentido, «dentro de las competencias que las comunidades autónomas tenemos, nos permita poder trabajar al amparo de ese marco legal».

Cuatro Televisión ha preguntado al también consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, si la Junta de Andalucía está valorando solicitar al Gobierno que se declare el estado de alarma. Ante esta pregunta, ha respondido que «evidentemente lo estamos valorando, porque cuando hablamos de un decreto de estado de alarma hablamos de una seguridad jurídica, de una herramienta jurídica».

«No hablamos de que el Gobierno de España tenga que tomar las decisiones que afectan a competencias que están delegadas en comunidades autónomas en materia de salud», y sobre las que «grupos de expertos tienen que dar instrucciones para que se tomen estas medidas que salven vidas», según ha apostillado el vicepresidente andaluz.

Problema jurídico y político

Marín ha lamentado que lo que es «un problema sanitario se está convirtiendo en un problema jurídico y político«, algo que ha tachado de «error», al igual que ir «a la confrontación y no a establecer unas normas claras para parar el ritmo de contagios«.

Ha remarcado además que, en la Conferencia de presidentes celebrada a finales de julio en La Rioja, todos los presidentes autonómicos salvo el de la Generalitat de Cataluña –entonces Quim Torra, que no acudió–, y los de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla «pidieron a Pedro Sánchez una modificación legislativa para dar cobertura legal a las decisiones que las comunidades autónomas» tienen que adoptar para, por ejemplo, limitar el derecho a la movilidad en un territorio. Además, Marín ha criticado que «esta herramienta aún no la tenemos».

Validar decisiones

En esa línea, ha incidido en que la Junta de Andalucía tiene que estar «al amparo» de que el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma «valide o no» las decisiones que toma para, por ejemplo, «reducir horarios» o decretar confinamientos perimetrales. De esta forma, «vamos actuando por decisiones jurídicas, porque el marco legal en este momento no es nada claro».

«El estado de alarma por decreto es el único marco legal que nos queda», según ha expresado el vicepresidente de la Junta. Además, ha agregado a renglón seguido que es «el Gobierno –de España— quien tiene que tomar esa decisión».

Al hilo, se ha declarado «sorprendido» por la comparecencia «anunciada de forma urgente» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para este viernes a las 13,00 horas para al final «no decir absolutamente nada», según ha lamentado, por lo que «seguimos en el mismo limbo jurídico».

Ha insistido en que «un problema sanitario se ha convertido en un problema político y jurídico, y ahí estamos dando un malísimo ejemplo para el conjunto de la ciudadanía».

En ese sentido ha dicho que comprende «que muchos ciudadanos estén confundidos», porque, de hecho, «muchos cargos de responsabilidad lo estamos, porque estamos tomando decisiones que nos están trasladando los profesionales de la sanidad y después la ley nos impide poder adoptar», y «esa confusión es la que pedimos que se resuelva», según ha concluido el vicepresidente de la Junta.

Posible estado de alarma

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha confirmado este martes que el Gobierno no aprobará una prórroga del estado de alarma en la Comunidad de Madrid, que decaerá el próximo sábado. Además, estudiará con todas las comunidades autónomas la fórmula del toque de queda para evitar la propagación del coronavirus, aunque ha avisado de que esta medida requeriría la declaración de estado de alarma en los territorios afectados.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Illa ha apuntado que la cifra de contagios en la Comunidad de Madrid ha descendido después de 21 días de medidas «muy estrictas» y, aunque los datos aún son «altos» y no «tranquilizadores», el Ejecutivo no prorrogará el estado de alarma y estudiará junto al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso las medidas a adoptar.

En cuanto a la posibilidad de decretar un toque de queda, ha aceptado que es una medida que se está aplicando en otros países europeos y ha dicho que se estudiará con todas las comunidades autónomas. Eso sí, ha subrayado que requeriría del estado de alarma y por tanto debería ser aprobado con «la certeza» de que cuenta con suficiente apoyo de los grupos parlamentarios para salir adelante en el Congreso de los Diputados si tuviese que aplicarse durante más de 15 días.