Abren expediente a Pedro Sánchez por utilizar recursos públicos para hablar de Franco

Advierten al presidente de Gobierno en funciones del PSOE que ha vulnerado la neutralidad en periodo electoral con su entrevista en la Sexta

La Junta Electoral Central ha acordado abrir sendos expedientes sancionadores al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su ministra Portavoz Isabel Celaá, por vulnerar la neutralidad que se exige a los poderes públicos en periodo electoral.

A Sánchez se le achaca haber utilizado medios públicos como las dependencias del Palacio de la Moncloa y la página web de Presidencia para una entrevista que el líder socialista concedió a la cadena de televisión la Sexta el viernes 25 de octubre a La Sexta con motivo de la exhumación de Franco.

En cuanto a Celaá se le abre expediente por hacer electoralismo desde la sala de prensa del Consejo de Ministros al presentar los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

En ambos casos, que tiene su origen en una denuncia del PP, se recuerda que todo el Gobierno ya estaba apercibido por haber vulnerado el principio de neutralidad en dos ruedas de prensa institucionales tras el Consejo de Ministros.

Lo que no sancionará será la declaración institucional que Sánchez realizó ese 25 de octubre con motivo de la exhumación de los restos de Franco. El organismo arbitral entiende que no se aprecian «connotaciones electoralistas, máxime teniendo en cuenta la concisión y comedimiento con que ha sido efectuada».

En el caso de Celaá, la JEC estima parcialmente la reclamación del PP por la intervención de la portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes en las que, a juicio del organismo arbitral, incluyó «manifestaciones valorativas de logros alcanzados en materia de empleo, con clara connotación electoralista».

En concreto, al valorar los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), Celaá se jactó de que nunca antes había habido «tantas personas en el mercado laboral» y abundó: «Vamos a seguir trabajando para conseguir que este país tenga el gobierno fuerte que se merece, un gobierno que sabe trabajar en equipo y que aspira a conseguir la estabilidad que el país necesita».

Para la JEC, realizar estas declaraciones en «acto institucional, como es la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros» supone quebrantar ese artículo 50.2 que prohíbe usar medios públicos para hacer ‘autobombo’.

La JEC recalca que Celaá pronunció estas palabras «antes de dar cuenta del contenido de los acuerdos del Consejo de Ministros, con lo que de ningún modo cabe pensar que fuesen el resultado espontáneo de las preguntas formuladas por los periodistas, sino más bien que se trata de unas manifestaciones previamente elaboradas».

Por ello, el organismo arbitral ha decidido abrir expediente sancionador a la ministra portavoz, teniendo en cuenta además que ella y los demás miembros del Ejecutivo ya habían sido apercibidos y se les había pedido expresamente que se abstuviesen de vulnerar el principio de neutralidad que los poderes públicos están obligados a respetar durante el proceso electoral.

Ambos expedientes sancionadores serán incoados por dos magistrados de la Junta Electoral: Eduardo de Porres Ortiz de Urbina se ocupará del caso del presidente Sánchez y José Luis Seoane Spiegelberg se encargará del de la ministra Celaá. Como secretario actuará Carlos Gutiérrez Vicén, secretario de la JEC y letrado mayor de las Cortes.

Según el artículo 153 de la Ley Electoral las infracciones electorales en las que podrían haber incurrido tanto Sánchez como Celaá están sancionadas con multas de entre 300 y 3.000 euros, en el caso de que haya sido cometidas por «autoridades y funcionarios».

Por ese mismo artículo de la LOREG la propia JEC ya impuso al presidente de la Generalitat de Cataluña, dos multas, de 3.000 y 2.500 euros, respectivamente por utilizar medios públicos de la Generalitat para difundir mensajes electoralistas contra otras candidaturas.