La medida anunciada este miércoles por el Gobierno de suspender las reglas fiscales para todas las administraciones para este año y el 2021 permitirá que los ayuntamientos puedan recurrir «sin límite» de sus remanentes de tesorería en este año y el próximo.

Así lo ha confirmado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados en la que ha explicado que los ayuntamientos podrán disponer de este dinero durante los años en los que quedan suspendidas las reglas fiscales –2020 y 2021–.

Eso sí, aunque quedan suspendidas todas las limitaciones en materia de cumplimiento de reglas fiscales; deberán mantenerse las medidas de seguimiento y supervisión, imprescindibles para el reequilibrio de las finanzas públicas.

Asimismo, la medida también contempla que la exigencia de destinar el superávit para reducir deuda, aun siendo deseable, quedará en suspenso en estos dos años. Con todo, los objetivos de estabilidad ya no actuarán como límite en el destino del superávit de las Comunidades Autónomas y entidades locales para financiar Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS).

No afecta a la Ley de estabilidad presupuestaria

Según ha explicado el propio Ministerio de Hacienda, esta suspensión no afecta al cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSEF), o en otras normas, no vinculadas directamente con las reglas fiscales.

De este modo, se mantienen en este años los términos del régimen de autorización de operaciones de endeudamiento de las Comunidades Autónomas y las entidades locales, y se mantienen en vigor las obligaciones relativas al periodo medio de pago a proveedores, así como el control de su cumplimiento.

Eterna ‘batalla’ de los Ayuntamientos

La disposición de los remanentes de tesorería ha sido una constante reivindicación de los ayuntamientos, que ha cobrado aún más fuerza con la pandemia del coronavirus. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) logró en verano un acuerdo con el Ministerio de Hacienda que materializaba una fórmula para disponer de este dinero.

Sin embargo, el pacto entre la cúpula de la FEMP y el Ministerio de Hacienda se encontró con la oposición por parte del resto de grupos que forman la agrupación municipalista y el acuerdo salió adelante gracias al voto de calidad de Abel Caballero y la abstención de Unidas Podemos.

El Gobierno decidió convertir el acuerdo en un decreto ley, algo que provocó que lo llevara al Congreso y éste fuera tumbado por una amplía mayoría en la Cámara Baja. Este mismo martes, Caballero anunció que veía «cerca» otro acuerdo con el Ministerio en materia económica que incluiría el fondo de 5.000 millones y el de transportes.