El Ingreso Mínimo Vital empobrecerá a familias con adultos con discapacidad a cargo

“Van a dejar en la cuneta a muchos adultos con discapacidad. Una vergüenza. Así no se hacen las cosas”

Lo que no te cuentan desde el Gobierno es la letra pequeña del nuevo Ingreso Mínimo Vital, el cual va a empobrecer a gran número de familias con personas adultas con discapacidad a su cargo.

En breve, el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias (PSOE-Podemos), ponen en marcha el Ingreso Mínimo Vital que será prioritario para las familias que ya perciben una asignación económica por hijos a cargo a cuenta de la Seguridad Social. Estas familias no tendrán que cursar ninguna solicitud para tener acceso a esta nueva ayuda económica de protección social, sino que el reconocimiento a cobrarla se producirá de manera automática.

Así lo manifiesta el propio borrador: “Las familias o personas con hijos a cargo que ya cobren un subsidio de la Seguridad Social por esta circunstancia, percibirán el mismo día 1 de junio el nuevo Ingreso Mínimo Vital sin necesidad de solicitarlo previamente”, no teniendo que solicitar la ayuda ellos mismos hasta principios de 2021.

Hasta este momento, los hijos con 18 o más años afectados por una discapacidad en grado igual o superior al 75% y que, como consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesiten el concurso de otra persona para realizar los actos vitales más elementales como vestirse, desplazarse, comer o análogos: 7.120,80 euros anuales por hijo (593,40 euros mensuales), y para quienes cuenten con una discapacidad igual o superior al 65%, la ayuda anual es de 4.747,20 euros por hijo (395,60 euros mensuales). Percibir esta ayuda no contaba hasta hoy con ninguna limitación de ingresos en el ámbito familiar. A partir de ahora sí, por lo que pueden perder dicha asignación si las personas a cargo o progenitores superen el tope de renta. Es decir, si un jubilado ingresa 1.000 euros y vive con su mujer sin ingresos, y dicho hijo contaba con esa ayuda de 593 Euros, ahora se la retirarán y se quedarán solo con los ingresos del padre.

Parece una locura abismal, pero es hasta el momento lo que se contempla en el borrador de dicha Ley. En el caso de adultos con autismo, que el Gobierno, ni la mayoría de Comunidades Autónomas (como es el caso de Andalucía), no se hace cargo de la educación adaptada, sino que son los padres los que tienen que hacer frente el pago de la misma, ahora se quedarán la gran mayoría sin poder pagar la terapia de sus hijos, ya que con los sueldos o pensiones de jubilados, no les llegara para “esos lujos”.

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Muchos padres de personas adultas con discapacidad se han puesto en contacto con elMIRA.es: “No es lógico. Esta ayuda, en la cual no te valoraban tu estado económico, sirve para dar una vida mejor a tu hijo, la utilizamos para satisfacer sus necesidades educativas, vestirlo cuando hace falta, etc. Superando el máximo del Ingreso Vital de 1.000 euros en la unidad familiar te retiran esta ayuda, ya que la introducen dentro del Ingreso Mínimo Vital, y si económicamente te pasas, tienes una vivienda de más de 100.000 euros, algo de dinero en la cuenta, tampoco te la dan. Van a hacer que tengamos a nuestros hijos en casa, sin poder darles una vida mejor, y una educación especial que tendrían que tener hasta el fin de sus días. Es muy triste esto. Para darle dinero a algunas familias van a dejar en la cuneta a muchos adultos con discapacidad. Una vergüenza. Así no se hacen las cosas”.

Además, para más inri, uno de los problemas para muchas de estas familias que sí logren obtener la ayuda (por ingresar en la unidad familiar menos de 1000 euros al mes), es que esta ayuda por familia a cargo (sustituida por la renta vital) se cobrará trimestralmente y no de manera mensual, advirtiendo sanciones en los casos en los que la cuantía económica que se percibe no sea destinada a actividades o bienes no considerados básicos o de primera necesidad.

Muchas van a ser las familias que a partir de ahora se van a quedar sin la ayuda que recibían, empobreciéndose en su vida diaria. Parece mentira que sean familias con jóvenes y mayores con discapacidad a su cargo los que sufran un detrimento en sus economías familiares, cuando el nuevo ingreso debe pretender no disminuir la calidad de vida de los españoles, sino mejorarla.