La Guardia Civil de Cádiz, ha investigado en la capital gaditana, a cuatro ciudadanos de origen asiático por almacenar y comercializar desde un restaurante, caballitos de mar y pepinos de mar (Holoturias). Los investigados almacenaban en la trastienda de un restaurante de comida asiática mas de 340 kilos de pepinos de mar (Holoturias) y 300 caballitos de mar, todo ello ya deshidratado, por lo que habría que multiplicar por 10 el peso de las capturas obtenidas de manera ilícita, teniendo cajas preparadas para su envío a distintos establecimientos ubicados tanto en España como en Italia. A los responsables del establecimiento se les imputan un delito contra la flora y fauna, por comercializar una especie protegida por el Convenio CITES.

La actuación realizada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), se produjo en la capital gaditana como respuesta a las capturas masivas y comercio ilícito que se está produciendo en nuestras costas sobre este espécimen autóctono, y de vital importancia para el equilibrio de los ecosistemas marinos.

Ante las fundadas sospechas de que los responsables de este establecimiento, podrían estar comprando a pescadores furtivos de estas especies, grandes cantidades de ejemplares, se organizó un dispositivo que permitió conocer que incluso se estarían realizando envíos a distintos establecimientos regentados por ciudadanos de la comunidad asiática, los cuales atribuyen a estos especímenes propiedades tanto curativas como afrodisíacas.

Nada más comenzar la inspección, los guardias civiles encontraron en el almacén del establecimiento una veintena de cajas de considerables dimensiones en las que se almacenaban miles de ejemplares de esta especie, ya deshidratados, así como numerosas bolsas conteniendo cientos de caballitos de mar, de todos los tamaños y en el mismo estado. De la misma forma se localizaron diversas cajas de dimensiones más reducidas, listas para su envío a través de paquetería exprés a establecimientos de Madrid, Soria, Asturias y Liguria en Italia.

Ante la gran cantidad de pepinos de mar que se almacenaban, se procedió a reseña un primer pesaje, alcanzando más de 340 kilogramos, teniendo que considerar que su peso debería estar multiplicado por 10 según manifestaron expertos de Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía, y sumando finalmente más de 18.000 ejemplares. Tras proceder a contabilizar el número de caballitos de mar que se almacenaban, se llegó a un total de 293 especímenes desecados, pertenecientes a la especie Hippocampusravulosus. Es de reseñar que todas las especies de Hippocampus se encuentran incluidas en el Apéndice II del Convenio CITES, y que desde el año 2013 estas especies figuran en la Lista Roja de Especies amenazadas de la IUCN (Internacional Union for Conservation or Natrue ans Natural Resources). Tanto una especie como otra son muy apreciadas en la medicina tradicional asiática, por sus supuestas propiedades curativas y afrodisíacas.

Los guardias civiles levantaron acta de lo actuado, quedando a la espera de los análisis del Centro de Investigaciones y Estudios Marinos (CICEM), en la localidad de El Puerto de Santa María y dependiente de la Junta de Andalucía, que determinaría de que especie de hipocampo se trataba, aunque todas ellas se encuentran protegidas por el Convenio Internacional CITES.

Tras recibir el informe respecto a los caballitos de mar, y visto que pertenecían a la especie, objeto de especial protección, se procedió a la investigación de los responsables del establecimiento como presuntos autores de un delito contra la flora y fauna, por comercializar una especie protegida y cuya población en Cádiz, debido al furtivismo, está casi esquilmada. Por parte de los pepinos de mar, su captura furtiva y con fines comerciales está totalmente prohibida, considerándose un delito contra la flora, la fauna y el medio marino tales prácticas, debido a que se pone en serio riesgo el equilibrio del medio marino al realizar este espécimen una función de limpieza y depuración de las aguas fundamental para la calidad de nuestras aguas.

Por todo esto, se procedió a comunicar a los responsables del establecimiento su investigación como presuntos autores de un delito contra la flora y fauna, por comercializar una especie protegida por el Convenio CITES.

Las diligencias policiales junto con los investigados y efectos intervenidos, fueron puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de guardia de Cádiz y de la Fiscalía de Medio Ambiente.