La Guardia Civil ha detenido a 21 personas en la operación desarrollada este miércoles bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona en el que se investigan el desvío de fondos de personalidades ligadas al independentismo catalán, así como irregularidades en la recalificación de terrenos.
Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, las detenciones y los 31 registros en Barcelona y Girona practicados esta mañana se enmarcan en la tercera fase de explotación de la Operación Volhov. Los 21 arrestados están acusados por los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y blanqueo de capitales.
La operación se lleva a cabo como derivación de las Diligencias Previas 111/16, instruidas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, que venía investigando un presunto desvío de fondos públicos cuyo origen era la Diputación de Barcelona y la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanas.
Compleix Villabugatti
Según la Guardia Civil, durante la investigación los agentes descubrieron la "supuesta prevaricación en la recalificación de terrenos rústicos para la construcción de un centro de negocios, un restaurante y una escuela concertada en la localidad Cabrera de Mar (Barcelona), en la zona denominada Compleix Villabugatti".
"Además de la recalificación se constataron adjudicaciones de obra por procedimientos no reglados, irregularidades por parte del Departament d'Educació de la Generalitat de Cataluña en la concesión del concierto de la escuela y la modificación irregular del terreno de rústico a urbanizable, mediante la recalificación municipal aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Cabrera de Mar", según añade la nota de la Guardia Civil.
Según ha adelantado El Confidencial, la recalificación de Villabugatti está relacionada con el empresario Xavier Vendrell, uno de los detenidos en el operativo de este miércoles.
Se trata de un exdirigente de ERC y antiguo militante de Terra Lliure y fue diputado y conseller de Gobernación en el tripartito de Pasqual Maragall, pasando luego a la actividad en el mundo empresarial. Así, presidió la Cámara de Comercio Colombo-Catalana y ejerció como consejero delegado de los grupos Barcelona Export Group y Biomek Group.
Diferentes vías de financiación
La Guardia Civil ha añadido que en esta causa se investigan "diferentes vías de financiación con fondos públicos de actividades irregulares ajenas al destino legal que dicho dinero tendría por objeto". Por este motivo, y en el proceso de las 31 entradas y registros, se ha intervenido "gran cantidad de documentación, así como soportes informáticos y telefonía móvil para su estudio y análisis". La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
Además de Vendrell, la Guardia Civil ha detenido este miércoles a David Madí, Oriol Soler y Josep Lluís Alay (que posteriormente ha quedado en libertad), entre otros empresarios y personalidades ligadas al independentismo y, especialmente, al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, según adelantaron fuentes de la investigación.
El empresario gerundense Josep Campmajó también ha sido detenido en su casa en Girona. Josep Campmajó regenta un restaurante y una tienda de Girona, y había sido presidente de la asociación de comerciantes del mercado del Lleó. La Guardia Civil ha hecho un registro en su casa de unas dos horas, en la calle Santa Eugènia, de donde se han incautado un portátil y otras pertenencias, y después de ser trasladado ha quedado en libertad.
La investigación arrancó en 2016
Según señaló a primera hora el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la operación se enmarca en delitos relacionados con la corrupción y desórdenes públicos, y se remonta a la investigación que arrancó en 2016 por supuesto desvío de fondos públicos desde la Diputación de Barcelona. Fuentes de la investigación han confirmado que se rastrea la relación de los detenidos con el Tsunami Democrátic, la plataforma que lideró los disturbios por la sentencia que condenó hace un año a los líderes independentistas.
Otros de los investigados son el presidente de la Plataforma ProSeleccions Catalanes, Xavier Vinyals; empresarios relacionados con eventos deportivos como Antonio Fuste; Roc Aguilera; el alcalde de Cabrera de Mar (Barcelona), Jordi Mir, y el interventor delegado, Jordi Serra; y Pilar Contreras y Marta Molina.
Más de un año de investigación
El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, lleva más de un año investigando si el presunto desvío de fondos procedentes de subvenciones públicas recibidas por la Fundación Catmón y la Asociación Igman, afines a la extinta CDC, pudieron servir para financiar el proceso soberanista o al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, según documentación del sumario consultada por Europa Press.
El juez investigaba si la estancia de Carles Puigdemont en Bruselas se financió a través de subvenciones supuestamente desviadas a fundaciones vinculadas al proceso independentista, y que según sus cálculos han recibido en seis años unos dos millones de euros.
Según un informe de la Guardia Civil de hace un año, que consta en el sumario de la causa, existe una anotación en la documentación intervenida sobre una reunión del "molt Honorable Presidente MHP (Puigdemont) con referencias a 100.000 euros y a los Mossos" y concreta que en esos momentos desconocían si se trataba de una subvención o no.
Se investiga en la causa si "con disposiciones de fondos públicos, obtenidas de forma irregular (coacciones a los técnicos), se benefició a ciertos partidos o personas concretas de forma injusta" vinculados con el proceso independentista, según este documento.
"Apoyos" que recibió el expresidente Puigdemont en su estancia en Berlín
En un escrito del fiscal, se explica que anotaciones del presidente de la Fundación Catmón, Víctor Terradellas, uno de los principales investigados en la causa, en la documentación intervenida durante la operación, pueden referirse a "apoyos" que recibió el expresidente Puigdemont en su estancia en Berlín en abril de 2018.
También apunta a una subvención directa a Catmón por 100.000 euros concedida por la Conselleria de Presidencia de la Generalitat en 2015 y otra de 23.000 euros en 2017.
El fiscal pide prestar especial atención a los indicios aportados por la Guardia Civil sobre posible irregularidad de las subvenciones otorgadas al investigado Víctor Terradelles y a "sus indudables influencias en personas cercanas al poder en la Generalitat" como era Carles Puigdemont.
Terradellas, que fue detenido en una primera fase de la causa en mayo de 2018, es un expolítico catalán que en el año 2011 fue nombrado secretario de Relaciones Internacionales de CDC, y era editor de revistas como 'ONGC' y 'Catalan International View', y presidente de Catmón, cuya finalidad es "el conocimiento y reconocimiento de la nación catalana en la escena internacional".
Inicio del caso
La investigación del juzgado se centra en la concesión presuntamente fraudulenta de subvenciones públicas procedentes de la Diputación de Barcelona o de otros entes de la Generalitat como el Consell Català de l'Esport a varias instituciones y fundaciones como Catmón e Igman, afines a la extinta CDC, por delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias.
La investigación se inició con las denuncias a través de las quejas de diferentes técnicos de la Diputación, y documentos que fueron entregados de forma anónima al Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona), de donde parte de la investigación del 3%.
Se constató que fondos para cooperación al desarrollo de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Diputación que iban históricamente a ONG empezaron a concederse a entidades y fundaciones de la órbita de CDC.
Según consta en el sumario, entre 2011 y 2015 la Asociación Igman obtuvo 1,3 millones de euros, 119.514 de la Diputación, y la Fundación Catmón, 735.900 en ese periodo, 145.899 de la Diputación.
