Los efectos colaterales de la pandemia del coronavirus en España ha provocado una tendencia bastante clara. Los españoles han reducido en un 42,1 por ciento, en el segundo trimestre de 2020, las demandas de disolución matrimonial. En ellas se incluyen tanto las separaciones como los divorcios. Esta comparativa hace referencia al mismo periodo del año en 2019. El estallido de la pandemia, el estado de alarma, el confinamiento nacional y la paralización de la actividad judicial son las claves de este indicativo.
Todos estos datos se han recogido por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En concreto, se observan disminuciones interanuales superiores al 40 por ciento en todas las formas de disolución matrimonial. Así, en el segundo trimestre de 2020 se presentaron 9.552 demandas de divorcio consensuado, un 41,8 por ciento menos que las presentadas en el mismo trimestre de 2019; y 6.264 demandas de divorcio no consensuado, un 42,4 por ciento menos.
Por lo que respecta a las demandas de separación, las 446 demandas de separación consensuada representan un 46,4 por ciento menos que un año antes y las 214 no consensuadas, un 41,7 por ciento menos que las presentadas el mismo periodo de 2019. Finalmente, el número de demandas de nulidad, 19 en total, ha descendido en un 20,8 por ciento respecto a las presentadas en el segundo trimestre de 2019.
Datos por comunidades autónomas
La comunidad autónoma con mayor número de demandas de disolución matrimonial por cada 10.000 habitantes fue Canarias, con 5,3, seguida de: Murcia, 5,2; la Comunidad Valenciana, 5; Cataluña, 4,9; Islas Baleares, 4,7; La Rioja, 4,6; Andalucía, 4,5; y Cantabria, 4,4. Todas ellas superan la media nacional, que es de 4,3.
Las más bajas, se han dado en Madrid, con 3,4 demandas de disolución matrimonial por cada 10.000 habitantes; Castilla y León (3,7); Aragón y Galicia (3,8); y Extremadura y País Vasco (3,9).
También todas las demandas de modificación de medidas, tanto matrimoniales como no matrimoniales, han experimentado "importantes disminuciones" respecto al segundo trimestre del año 2019, según señala el CGPJ.
Las demandas de modificación de medidas consensuadas, de las que se han presentado 1.846, se han reducido un 41,9 por ciento, y las demandas de modificación de medidas no consensuadas (5.880), lo han hecho un 37,6 por ciento respecto al mismo trimestre del año pasado.
En cuanto a las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, han sido un total de 3.542, lo que representa una disminución interanual del 34,2 por ciento, mientras que las no consensuadas (4.387) han mostrado una disminución del 39,9 por ciento.
En todo caso, el CGPJ precisa que es "imposible extraer conclusiones" de los datos que se presentan ya que la desescalada escalonada en la administración de justicia, la necesidad de adoptar medidas de seguridad e higiene en los juzgados y la persistencia de la incidencia de la pandemia han hecho que las características de la disminución de todos los indicadores en ese trimestre sean "diferentes a las de cualquier otro periodo anterior".
Diferencia entre separación y divorcio
Para que la separación tenga efectos legales se requiere su declaración mediante una sentencia judicial, cosa que no pasa con la separación de hecho, en la que tan solo se produce el cese de la convivencia de los cónyuges pero sin producirse los efectos legales frente a terceros.
La separación no pone fin al matrimonio, no disuelve el vínculo matrimonial, el divorcio sí, se obtiene mediante sentencia judicial y produce efectos frente a terceros desde la sentencia.
Tanto la sentencia de separación como la de divorcio recoge las medidas respecto al cuidado de los hijos, guarda y custodia, régimen de visitas, comunicación y estancia, ejercicio de la patria potestad, gastos de mantenimiento de éstos, la disolución del régimen económico del matrimonio, el uso de la vivienda, etc. (art. 81 y 85 del Código civil).
