FACUA Sevilla ha considerado que la multa de 2.000 euros que el Ayuntamiento de la capital ha impuesto a Magrudis es un insulto a los fallecidos por la listeriosis, que provocó cuatro muertos y seis abortos.

El expediente abierto por el Consistorio contra la empresa se ha resuelto con la imposición de dicha sanción por una «infracción muy grave» de la Ordenanza Reguladora de Obras y Actividades (OROA) por las «diversas irregularidades» detectadas en la licencia que se concedió en su día. Así, indica que las mismas permitieron «eludir el control administrativo previo» y que se ha determinado «la ineficacia de la documentación aportada».

El Consistorio afirma que, entre las deficiencias encontradas, se encuentran que el proyecto presentado por Magrudis define en la página 42 la actividad como “inocua” -«un grave error de concepto», según el inspector-, el certificado final de la instalación, el certificado de contaminación del suelo, el de alumbrado exterior y el de prevención y calidad acústica “no vienen suscritos por el técnico con firma auténtica”, así como que el proyecto no describe la capacidad de producción de Magrudis, «carece de instalaciones de fontanería, saneamiento, refrigeración, electricidad e iluminación, tanto interior como exterior” y los números de las naves ni siquiera coinciden con la dirección.

Multa con una «cuantía ridícula» a Magrudis

Ante esta cantidad de irregularidades detectadas ahora, FACUA Sevilla recuerda que, hasta que estalló el brote de listeriosis el verano pasado, los responsables de la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento no se molestaron en revisar la documentación relativa a la declaración responsable llena de irregularidades que habían presentado los responsables de Magrudis a finales de 2018.

Así, la asociación advierte de que con la imposición de una multa con una cuantía tan ridícula el Ayuntamiento de Sevilla está dejando claro que, por muy graves que sean las irregularidades que se cometan en la industria alimentaria, no va a castigarlas con ninguna contundencia.

En este sentido, FACUA Sevilla critica que el Ayuntamiento haya planteado un régimen sancionador ridículo para las infracciones de la Ordenanza Reguladora de Obras y Actividades -aprobada en 2018-, que afecta a sectores de actividad que pueden estar vinculados a la salud y seguridad de los consumidores. Las multas para las infracciones muy graves van de 1.501 a 3.000 euros. En el caso de Magrudis, además, ni siquiera ha impuesto la sanción máxima, multando con sólo 2.000 euros.

Dejación de responsabilidades

La asociación advierte de que el Consistorio incurrió en una grave dejación de responsabilidades al no haber adoptado medidas contra Magrudis tras haber constatado ya irregularidades en su primera inspección, que tuvo lugar en noviembre de 2016. En la causa judicial, que se abrió como consecuencia de la querella que interpuso la asociación, se encuentra imputada junto a los responsables de la empresa una veterinaria municipal.

Además, en julio de 2017, la Inspección de Consumo decidió, de forma indebida, reducir el nivel de riesgo de Magrudis y la pasó de la A -la más alta- a la C. La inspectora, la misma que había visitado la fábrica ocho meses atrás, concluyó que la empresa había dejado de distribuir sus productos en la provincia de Sevilla y que ya sólo lo hacía en la capital, lo que provocó que se ampliara el plazo para realizar las inspecciones periódica. Así, pasó de ser semestral a una sola inspección cada 18 meses. Inspección que volvía a corresponder en enero de 2019 y que nunca se realizó hasta que siete meses después estalló la alerta alimentaria por la Listeria en productos de Magrudis.

El último y posiblemente más grave de este cúmulo de despropósitos se produjo en diciembre de 2018. Tras cinco años y medio operando de forma clandestina en lo que se refiere a la licencia municipal, Magrudis presentó a la Delegación de Medio Ambiente una declaración responsable y desde el consistorio no se procedió a paralizar la actividad de la empresa. Y es que en realidad el fabricante de los productos La Mechá estaba obligado a solicitar una licencia de actividad, que implica una inspección municipal en el plazo máximo de un mes para dar o no el visto bueno a que la empresa operase.

Los familiares tenían pensado reclamar 1,5 millones de euros

La plataforma de afectados por la listeriosis, creada por el bufete Ateneo Abogados, ha presentado un escrito a la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, que investiga la causa por el brote de listeria producido el pasado verano relacionado con el consumo de productos de la empresa Magrudis, para la solicitud y aseguramiento de las cantidades económicas que puedan cubrir las responsabilidades civiles por importe mínimo del 1,5 millones de euros para la reparación del daño causado.

Según reza en el escrito, formulado por el letrado de la plataforma, Germán Grima, al que ha tenido acceso Europa Press, esta parte destaca que existen personas fallecidas en el procedimiento, abortos, lesionados, gastos médicos generados y personas sin personarse aún a la espera del envío de los listados del resto de España de los hemocultivos y las listas totales de perjudicados.

Por ello, solicitan estas cantidad económica y medidas para el embargo de los bienes de la mercantil Magrudis, así como el patrimonio de sus administradores, trabando las cuentas de la sociedad y de la maquinaria, materiales, vehículos, propiedades y cantidades pendientes de cobro por la empresa de material cárnico vendido anterior al brote, no contaminado y que aún no le hayan pagado.

Se exigían 1,5 millones de euros

Cabe recordar que esta parte se ha querellado contra la mercantil y como responsables civiles subsidiarios contra el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía, ya que aunque en esta instrucción tanto el Consistorio y la Administración autonómica están personados como acusación, «esto no le exime de que al finalizar la causa se pudiera probar la responsabilidad civil subsidiaria que han tenido ambas administraciones en la gestión de esta alerta sanitaria con los protocolos de actuación de los diferentes entes, aunque también sean parte perjudicada».

A la vista de todos los acontecimientos y que por parte de Magrudis hasta la fecha no se ha entregado toda la documentación requerida, según esta parte, «deben exigir al menos 1,5 millones de euros para cubrir las responsabilidades civiles de esta alerta sanitaria».

Desde el bufete Ateneo han insistido en que la empresa, a día de hoy, no ha aportado los seguros de responsabilidad civil desde su inicio de actividad a la actualidad que, por parte de esta instrucción, se le ha solicitado en anterior providencia habiendo transcurrido el plazo indicado, sin tener conocimiento aún las acusaciones particulares personadas si Magrudis ha estado operando o no con anterioridad a la alerta sanitaria con seguro de responsabilidad civil.

Representación de los lesionados

Desde el pasado día 16 de diciembre, la magistrada del juzgado número 10 de Sevilla dividió la causa en cuatro grupos: los perjudicados fallecidos, los nasciturus abortados, los perjudicados lesionados y las asociaciones y será este despacho de abogados y el director del mismo, Germán Grima, el que represente a nivel nacional al grupo de todos los perjudicados lesionados.

Por último, han remarcado que «la instrucción de la causa va un buen ritmo debido a la diligencia del juzgado y su buen hacer», no obstante esta parte sigue a la espera de saber «cuándo podrán escuchar a los técnicos del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía para esclarecer los protocolos de actuación que las dos administraciones han tenido y el grado de implicación y solución a la alerta sanitaria».