Cierran las atracciones de Valdelagrana al no cumplir con la norma

Desde El Ayuntamiento de El Puerto han impidiendo la continuidad del promotor privado al no estar legitimado para continuar con el ejercicio de la actividad

La teniente de alcalde de Policía Local del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz), Marina Peris, ha informado del precinto de las atracciones ubicadas en la zona residencia y vacacional de Valdelagrana, impidiendo la continuidad del promotor privado al no estar legitimado para continuar con el ejercicio de la actividad.

Marina Peris señala que la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de El Puerto informó por decreto de que una vez los técnicos del área procedieron al estudio pormenorizado de la documentación presentada por el promotor, se concluyó que «no procede aperturar por declaración responsable (entregada por el empresario), ya que esta actividad está sometida a una autorización previa, mandatándose restituir la legalidad».

Esta resolución se comunicó directamente a los promotores, indicando que la documentación presentada a través de la declaración responsable no era suficiente y que dicha actividad está sometida a autorización previa; por lo que se trasladó el expediente al Servicio de Disciplina Urbanística; indicando expresamente que debía restituir la situación jurídica al momento previo a la Declaración responsable.

Marina Peris señala que desde el primer momento se indicó que el Ayuntamiento de El Puerto cumpliría con la ley siempre y así se ha actuado; ya que desde el área de Patrimonio también se ha dictado que «se denegaba la autorización de suelo, indicando que lo presentado no se ajustaba a lo instalado, dando diez días de audiencia al promotor antes de dictar la recuperación de oficio de los bienes de dominio público; procediendo conforme a la legalidad».

La edil de Policía concluye que por tanto una vez rechazada la declaración responsable y habiéndose denegado la ocupación del suelo se ha actuado al no estar legal la instalación; lamentando expresamente la «politización que ha habido de una iniciativa privada y dejando patente que la Administración no puede actuar a los ritmos de Twitter, sino que actúa conforme a la legalidad y seguridad jurídica de todas las partes».