Investigan si ha sido delito permitir la manifestación del 8-M

La denuncia iba dirigida también contra Pedro Sánchez, pero debido a su aforamiento la magistrada ha pedido al denunciante a acudir a una instancia superior

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha acordado este miércoles 25 de marzo investigar al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un presunto delito de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia profesional por permitir la marcha por el Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo.

El abogado Víctor Valladares presentó la semana pasada una denuncia que iba dirigida, en primer lugar, contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los delegados de Gobierno de las diferentes comunidades autónomas, así como Ceuta y Melilla por no haber prohibido concentraciones multitudinarias celebradas entre el 5 y el 14 de marzo de este año, cuando se decretó el estado de alarma.

Tras estudiar dicha denuncia, la magistrada instructora ha incoado diligencias previas respecto al delegado de Gobierno en Madrid, al ser el único sobre el que tiene competencia. En este sentido, insta al denunciante a que, si lo estima oportuno, traslade la denuncia ante los órganos competentes.

En el caso del presidente del Gobierno sería ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, debido a su aforamiento, mientras que el resto de delegados de Gobierno deberían responder ante los órganos judiciales de sus comunidades autónomas.

La denuncia relata que en la Comunidad de Madrid hubo «77 reuniones multitudinarias» desde que el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades emitiera el 2 de marzo de 2020 su informe sobre el COVID-19.

Dudas sobre el informe

La juez Rodríguez-Medel señala en su auto que el denunciante no señala «ni promotores ni otros detalles que pudieran ser relevantes» para la investigación. También plantea una serie de interrogantes sobre si dicho informe fue remitido «oficialmente» a España o a la Delegación del Gobierno, en qué fecha se hizo, y si en él se instó oficialmente a prohibir dichas concentraciones.

Asimismo, también plantea la duda de si «se dio orden expresa al delegado del Gobierno de Madrid de no prohibir las manifestaciones al margen de cualquier consideración sanitaria» y si «se adoptó alguna medida de prevención por parte de la Delegación del Gobierno».

Aún así, la juez instructora afirma que «no se aprecia» en esta fase inicial del procedimiento que los hechos denunciados no tengan encaje penal, aunque cuestiona, «sin tampoco descartarlo», que sean constitutivos de un delito de prevaricación administrativa o de lesiones por imprudencia profesional.