Siguen saliendo a la luz casos de corrupción millonarios durante la etapa del PSOE en la Junta de Andalucía. Lo que muchos andaluces consideran un expolio de las arcas que han sumido a la comunidad andaluza en los niveles más altos de pobreza y desempleo de España, mientras el dinero acababa siendo repartido por élites políticas; y gastado en cocaína y prostíbulos. Es en este caso cuando surge un nuevo caso de más de 7.000 millones de las antiguas pesetas, —43 millones de euros— entregados a fondo perdido a la empresa malagueña Isofotón S.A. durante los Gobiernos de Griñán y Susana Díaz.

Se trata de un presunto fraude de gran magnitud. La compañía Isofotón S.A. dedicada al desarrollo de paneles solares, recibió según ha adelantado ABC la nada desdeñable cantidad de 80,5 millones de euros de la Junta de Andalucía.

Omitieron los expedientes de ayudas a Isofotón

La UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional) ha destapado el caso. Y no solo eso, sino que acusan a los gobiernos de José Antonio Griñán, quien gobernó desde 2009 a 2013; y de Susana Díaz, quien dirigió la Junta de 2013 a 2018; «de omitir de manera intencionada a la Fiscalía Anticorrupción y a dos juzgados de Instrucción los expedientes de ayudas concedidas a Isofotón«, según informa el rotativo andaluz.

Susana Díaz no facilitó los informes por los que solo durante el año 2007 les ingresaron 43 millones de euros. No atendieron a la petición de la Justicia de información sobre todos los fondos públicos otorgados, a pesar de varios requerimientos judiciales entre 2013 y 2016.

Obstruccionismo a la justicia del PSOE

En este sentido, la secretaria general del PP andaluz, Loles López, ha pedido a la expresidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, que «dé explicaciones» ante el caso Isofotón. Además, ha lamentado «el obstruccionismo a la justicia» durante la etapa socialista en la Junta que, a su juicio, «también se ve en el Gobierno de España».

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La secretaria general del PP-A Loles López, en rueda de prensa

Así lo ha puesto de manifiesto en Huelva a preguntas de los periodistas sobre el caso de Isofotón que ha destapado informativamente ABC. Unos datos relevados sobre el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que «acusa a los gobiernos de José Antonio Griñán (2009-2013) y Susana Díaz (2013-2018) de omitir de manera intencionada a la Fiscalía Anticorrupción y a dos juzgados de Instrucción los expedientes de ayudas concedidas a la sociedad malagueña durante el año 2007 por un montante de 43 millones de euros».

Ante esto, López se ha mostrado convencida que «tienen mucho que explicar» Susana Díaz y la actual ministra de Hacienda y exconsejera de la Junta, María Jesús Montero. Deben dar a conocer «por qué se ocultaron esos expedientes y qué información había» ya que «se trata de importes millonarios».

«Sigue en las manos de Susana Díaz»

«Eso de la obstrucción a la justicia ha sido algo durante toda la etapa del socialismo. No es el pasado sino del presente. Lo vemos ahora en el Gobierno de España y sigue estando en las manos de Susana Díaz que ahora es la líder de la oposición. «Esas malas prácticas continúan otra vez». En este sentido, Loles López se pregunta «si se está hablando de dinero perdido de los andaluces». En definitiva, ha incidido en que «se den todas las explicaciones que se tengan que dar».

¿Qué ha sido de Isofotón?

Isofotón S.A., con presencia en más de 60 países, terminó cerrando a pesar de recibir millonarias ayudas por parte de la Junta de Andalucía de Susana Díaz. Esta empresa que fue fundada en Málaga en 1981, ofrecía diseño, fabricación y suministro de Soluciones Energéticas Solares, centrando su actividad en tres áreas tecnológicas: Fotovoltaica; Térmica y Fotovoltaica de Alta Concentración. Las ayudas andaluzas no impidieron que Isofotón cerrara en 2014 despidiendo a miles de empleados.

A partir de enero de 2014 la empresa cerró un acuerdo con los administradores concursales y representantes sindicales para despedir a los empleados. El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) implicaba el despido de los 297 trabajadores que formaban la plantilla de la factoría malagueña. Así se puso fin a más de treinta (30) años de historia de la compañía fotovoltaica, y al derroche de ayudas económicas millonarias que nunca retornaron a la Junta de Andalucía.