El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha estimado que «un 50 por ciento o más» de las solicitudes presentadas «no tienen derecho al ingreso mínimo vital» y ha confiado en duplicar el número de expedientes aprobados en el plazo de un mes.

Escrivá, en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, se ha referido a la reformas aprobadas esta semana. Estas nacen con el objetivo de agilizar la tramitación de casi un millón de solicitudes presentadas desde la aprobación del decreto.

Según los datos aportados por el ministro, del total de expedientes tramitados, 90.000 solicitantes están cobrando ya la prestación. En cambio, unos 80.000 han sido rechazados y el resto está pendientes de la entregada de documentación o subsanación de errores.

Que la renta mínima «llegue a quien de verdad lo necesite»

Escrivá ha insistido en la necesidad de que la renta mínima «llegue a quien de verdad lo necesite». Por ello, considera que «sería un error» que «por precipitación» el ingreso mínimo «entrara en problema de credibilidad por estar ayudando a personas que luego hay que retrotraerle las ayudas».

Por otra parte, ha negado que las comunidades autónomas estén retirando prestaciones a beneficiarios que solicitan el ingreso mínimo vital y que finalmente les es denegado.

«Nosotros semanalmente vamos informando a las comunidades autónomas cada semana de los expedientes que hemos resuelto favorablemente y, hasta ese momento, no se les da de baja de las rentas autonómicas», ha indicado.

Sobre las bajas para padres con hijos en cuarentena preventiva, Escrivá ha remitido de nuevo la decisión a la mesa de diálogo social. Sin embargo, no ha descartado su aprobación ha planteado la posibilidad de que se adopten otras soluciones. «No lo descarto del todo, pero la forma en la que se puede abordar puede ser muy distinta», ha precisado el titular de Inclusión.

Ampliación del plazo

El Consejo de Ministros aprobó este martes 22 de septiembre ampliar plazos y eliminar trámites para «agilizar» las concesiones del Ingreso Mínimo Vital (IMV), tras las críticas por la lentitud de la Administración en esta materia.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha explicado que estas medidas se han incorporado dentro del decreto sobre teletrabajo, que el Ejecutivo ha tratado en la reunión.

Montero ha calificado el Ingreso Mínimo Vital como «una de las normas más importantes de la legislatura».

Además, ha indicado que se han incorporado a la medida «algunos aspectos de mejora que permiten dar respuesta en un menor plazo de tiempo que el que actualmente» se había «planteado» el Ejecutivo.

Entre ellas, la ministra ha destacado la extensión del periodo de retroactividad del 15 de septiembre al 31 de diciembre.

Esta medida se ha adoptado «para que las solicitudes que se presenten hasta finales de año tengan efectos económicos desde el día 1 de junio». Además de, una ampliación del plazo para resolver y notificar estas solicitudes hasta 6 meses. Esto «garantiza la tramitación de todas las peticiones recibidas hasta la actualidad».