La Justicia vuelve a provocar dolor de cabeza a la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez. La posible implicación en la filtración del atestado policial, incluso antes de que se finalizara la instrucción, puede llevar penas de inhabilitación para los autores. Y es que de momento España es un país en que los ciudadanos tienen derechos, y saltarse la ley tiene sus consecuencias. Ahora, además de que ya se investiga este caso por Fiscalía, es el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía quien ha ordenado actuaciones previas de investigación ante la filtración de un atestado policial a la prensa en Jerez. Se trata del informe de la Policía Local sobre el accidente de Antonio Saldaña, portavoz popular, donde dio positivo por alcoholemia. No había salido de la Jefatura de Policía Local cuando ya le habían llamado de medios de comunicación para que diera su versión.

Minutos más tarde, dos medios de comunicación publicaron datos contenidos en el atestado policial, y se refirieron a que obraban en poder del mismo. Habían recibido un documento sin que se finalizara completamente y antes de entregarlo al juzgado. Rápidamente las alarmas saltaron en la Jefatura de la Policía Local. Alguien había filtrado desde dentro el documento, incluyendo datos personales hasta de la mujer del político jerezano. El MIRA pudo saber, según fuentes interesadas que prefieren mantener el anonimato para evitar represalias, que dicho documento fue solicitado por parte del Gobierno Local; sin precisar si fue el delegado de Seguridad Rubén Pérez, la propia alcaldesa, Mamen Sánchez; u otro miembro del equipo. Así lo habrían comunicado en Fiscalía. De ahí se pierde la pista al documento, que nunca debió salir por Ley de la Jefatura de la Policía Local, acabando en los medios de comunicación.

Transparencia ordena el inicio de actuaciones ante la filtración del atestado

Ahora, el Consejo de Transparencia tiene el objetivo de determinar los hechos y circunstancias» de esta «filtración del atestado» de la Policía Local sobre el accidente del concejal del PP en el Ayuntamiento de Jerez, Antonio Saldaña.

Hay que recordar que tras los hechos, ocurridos en mayo de este año, el edil del PP presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos. Denunciaba la «filtración del atestado y difusión de datos por parte de la Policía Local de Jerez y su posterior publicación por medios de comunicación», según consta en el escrito al que ha tenido acceso El MIRA.

Por su parte, el Consejo de Transparencia, manifiesta que «transcurrido el plazo de tres meses desde que la reclamación tuvo entrada. Y esto sin que se haya dictado acuerdo expreso en relación con la admisión o inadmisión a trámite de la misma; según establece el artículo 65.5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales; prosigue su tramitación con arreglo a lo dispuesto en el Título VIII de la mencionada ley orgánica. Procedimientos en caso de posible vulneración de la normativa de protección de datos.

En este sentido, el consejo informa de que se ha procedido por parte del director a ordenar el inicio de actuaciones previas de investigación. Con esto busca lograr una mejor determinación de los hechos y circunstancias que justifican la tramitación del procedimiento.

El atestado policial acabó en la prensa días antes de ser enviado al Juzgado

La filtración provocó graves daños para el político jerezano, quien vio como datos personales saltaron incluso en medios nacionales, mucho antes de llevarse el atestado en cuestión al Juzgado de Instrucción.

Según pudo saber El MIRA según fuentes municipales, existiría un «informe interno» que apuntaba a que la filtración del documento podría haber llegado a los políticos de manos del mando superior. La Fiscalía estudia donde se había roto la custodia del atestado de la declaración de Saldaña conforme a Ley, que acabó siendo entregada a medios de comunicación en vez de al Juzgado. Fuentes policiales consultadas confirmaron entonces a este medio que “todos los agentes que lo tuvieron en sus manos afirman que lo transmitieron por conducto oficial a sus superiores. Pudiéndose romper supuestamente la cadena en el momento en que el atestado habría llegado a las manos del Jefe de Policía”.