El padre de Pablo Iglesias pide 18.000 euros a Álvarez de Toledo por llamarle terrorista

Centra el escrito en unas declaraciones fuera del Congreso que cree que no están protegidas por la libertad de expresión de los diputados

Francisco Javier Iglesias Peláez, el padre del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha presentado una demanda contra al portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, por afirmar en medios de comunicación y una rueda de prensa que el líder de Podemos es «hijo de un terrorista».

Según la demanda, presentada en el juzgado de primera instancia de Zamora y a la que ha tenido acceso Europa Press, el padre de Iglesias considera que su derecho al honor ha sido vulnerado, y pide a la dirigente del PP una indemnización de 18.000 euros por daños morales.

El demandante incide en su escrito en la «enorme repercusión» mediática que tienen las intervenciones de Álvarez de Toledo por el cargo que ostenta, así como el hecho de que las afirmaciones que lanzó no sólo las hizo en el hemiciclo del Congreso, sino que después intervino en «distintos medios y foros» y en una rueda de prensa, es decir, «fuera del ejercicio de su cargo», donde confirmó sus palabras y le atribuyó «hechos e intenciones que abundan en esa supuesta actividad» terrorista.

Por eso, centra la demanda, de 35 páginas, en las manifestaciones que hizo la portavoz ‘popular’ en medios de comunicación, concretamente menciona una entrevista en el diario ABC, después de su intervención en el Congreso por ser «totalmente ajenas» a sus funciones como diputada.

La dirigente ‘popular’ justificó su afirmación argumentando que el propio Iglesias reconoció en un artículo en 2013 que su padre había militado en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), que operó en los últimos años del franquismo y la Transición y no se disolvió hasta 1978.

Según la demanda, Álvarez de Toledo realizó estas declaraciones cuando Iglesias Peláez «ya había aclarado su concreto papel en el FRAP» durante el juicio celebrado en 2019 ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Zamora que condenó al eurodiputado de Vox Hermann Tertsch por haber hecho manifestaciones similares. Una sentencia que, según el escrito, la portavoz ya conocía cuando concedió la mencionada entrevista.

«Son del todo inaceptables las manifestaciones vertidas en esta entrevista, pues no sólo son injuriosas, sino que se hacen con pleno conocimiento de su falta de veracidad, pues la propia demandada reconoce que no sabe a qué se dedicaba mi representado dentro de la organización, pero sin embargo le acusa de ‘intentar cargarse el orden democrático’, de utilizar la violencia e, incluso, de una manera sibilina y torticera, pero totalmente explícita, llega a vincularle con el asesinato de personas para calificarle de antidemócrata», recalca la demanda.

Estrategia para desacreditar a Iglesias

En su opinión, las «falsas imputaciones que la demandada realiza a Javier Iglesias no pueden calificarse de inocentes o fortuitas, sino que forman parte de su estrategia para desacreditar la imagen de aquél y por ende la de su hijo, vicepresidente segundo del Gobierno en la actualidad y adversario político de Álvarez de Toledo».

«Es indudable que debe exigirse a la demandada un plus de diligencia como consecuencia de la responsabilidad y proyección pública que conlleva el puesto que ocupa dentro de su partido, lo cual implica exigirle con el máximo rigor las consecuencias derivadas de unas manifestaciones que inciden de manera grave e injustificada en el honor y consideración públicas de Iglesias Peláez», añade.

Tras reconocer que el Tribunal Constitucional ya estableció que diputados y senadores «gozan de absoluta libertad en sus intervenciones parlamentarias», la demanda aclara que se dirige contra las manifestaciones de Álvarez de Toledo con posterioridad a su intervención en el Congreso, ya que fueron realizadas «en el ámbito extraparlamentario y son totalmente ajenas a las funciones que como diputada».

Palabras no protegidas por la libertad de expresión

A su juicio, «calificar a una persona como ‘terrorista’, afirmar que pertenece ‘al brazo armado de una organización política’, que su objetivo era ‘cargarse el orden democrático’ y atribuirle responsabilidad en el asesinato de policías, al margen de la actividad que él ejerciera ‘en la organización terrorista’, son expresiones que no se encuentran protegidas por las libertades de expresión o de información, dado que afectan gravemente a la reputación de Iglesias Peláez y son objetivamente injuriosas».

«De hechos imputables a personas presuntamente pertenecientes al FRAP, Álvarez de Toledo deduce una imputación a mi representado. Y lo hace pese a que él mismo había aclarado con anterioridad que su participación en la organización se ciñó a ser miembro de la Federación Universitaria Demócrata Española (FUDE), colectivo que formaba parte de una de las comisiones Pro-FRAP que trabajaron para su creación, limitándose a repartir propaganda, y que abandonó el FRAP en enero de 1974, al poco tiempo de ser fundado y mucho antes de que el mismo diera el paso hacia la lucha armada», incide el escrito.