Ecologistas denuncian a la cementera de Alcalá

Los ecologistas de Alcalá de Guadaira imponen denuncias ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil por nuevos y supuestos «episodios de contaminación» 

Ante las nuevas denuncias interpuestas por los ecologistas de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil por nuevos y supuestos «episodios de contaminación» en la planta cementera de Portland Valderrivas.

La empresa ha asegurado que cumple «la ley vigente en cuanto a la cantidad de emisiones permitidas» y que en sus instalaciones no se realiza «la valorización energética de ningún tipo de residuo».

La compañía responsable de la cementera alcalareña ha defendido en un comunicado que dicha planta, con los controles y autocontroles recogidos en su autorización ambiental integrada, funciona «cumpliendo la ley vigente en cuanto a la cantidad de emisiones permitidas».

«Los límites legales, controles y técnicas utilizadas en la fabricación de cemento, establecidas en la autorización ambiental integrada, son aprobadas por la normativa autonómica, nacional y europea, y recogidas en el documento de Mejores Técnicas Disponibles para el sector cementero, aprobados por la Comisión Europea, con límites similares para todas las fábricas de cemento de la Unión Europea», sostiene Portland.

Y después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anulase en 2017 la aprobación por parte de la Junta de Andalucía de la modificación de dicha autorización ambiental solicitada por Portland para que su planta cementera de Alcalá incinerase derivados de residuos no peligrosos para su uso como combustible, la empresa ha asegurado que su factoría alcalareña «no realiza dentro de su actividad la valorización energética de ningún tipo de residuo».

Finalmente, la empresa ha insistido en que su planta alcalareña «contribuye al desarrollo socio económico de la comarca de Los Alcores aportando 200 empleos directos y más de 500 empleos indirectos, 26 millones de euros a la economía local y casi dos millones de euros en impuestos locales, autonómicos y estatales».