La Guardia Civil ha investigado a siete personas vinculadas con el espacio natural de Doñana. Se les acusa de delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación y usurpación de aguas, en el marco de la denominada operación ‘Zacallón’. En esta operación, además, se han detectado 22 pozos «ilegales» y once balsas «irregulares» que estarían afectando al acuífero.

Así lo ha dado a conocer este domingo en un comunicado la Guardia Civil, que inició las investigaciones el pasado año 2019 al recibir información sobre la realización de sondeos supuestamente no autorizados en Doñana. Se da la particularidad de que esta irregularidad se llevaba a cabo en presencia de vigilantes del propio espacio natural, según explica la Benemérita.

Además, el instituto armado señala, respecto a los usos del agua, que se han detectado en el marco de esta operación 22 pozos «ilegales» y once balsas (‘zacallones’) que estarían afectando al acuífero, así como que las autorizaciones para el pastoreo de ganado se encontraban «caducadas» y, además, se localizaron construcciones «ilegales» de toriles.

Según la Guardia Civil, ninguna de las actividades descritas contaba con autorizaciones en vigor, y se habían estado produciendo durante al menos los dos últimos años, «dañando a la fauna y flora protegida de ese espacio«. Estas presuntas irregularidades habían sido denunciadas con anterioridad, pero los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del instituto armado descubrieron también que los expedientes sancionadores no se tramitaban.

Los «beneficiarios directos» del aprovechamiento indebido del agua y de las construcciones donde almacenaban elementos ganaderos y guardaban al propio ganado eran «en su mayoría asociaciones de ganaderos de la zona. Participaban directamente en las irregularidades urbanísticas detectadas, utilizando un bien público de forma privativa», según relata la Benemérita.

Daños a la flora y fauna protegida

Desde la Guardia Civil subrayan que el espacio natural de Doñana supone «un enclave único en cuanto a su riqueza biológica y su inclusión en diferentes normativas de protección«, destacando, entre otras, Reserva de la Biosfera, Patrimonio Natural de la Unesco o Red Natura 2000.

En las investigaciones realizadas e informes aportados por diversos organismos como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas o la Universidad de Sevilla, se ha constatado «la pérdida de biodiversidad que estaba afectando a la regeneración vegetal, amenazando a especies de flora y fauna protegidas».

Esta operación se enmarca dentro del Plan de Acción Español contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional de Especies Silvestres (Plan Tifies), y del Proyecto Life ‘Guardianes de la naturaleza’.

La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de La Palma del Condado (Huelva), junto con la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva.