La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior ha elaborado un protocolo de actuación ante las ocupaciones ilegales de inmuebles para Policía Nacional y Guardia Civil que «homogeneiza y mejora la respuesta policial y garantiza que los atestados recojan todos los elementos que deben ser aportados a las autoridades judiciales para acreditar la comisión del delito y la participación de sus presuntos ‘okupas‘, entre otros objetivos».

En este sentido, policías y guardias civiles han cuestionado la instrucción contra ‘okupas’. Consideran que se sigue sin aclarar cómo tiene que actuar los agentes para proceder al desalojo inmediato. También echan en falta fijar plazos temporales para devolver la vivienda al legítimo propietario.

El texto recuerda que el fenómeno de la ocupación recibe una respuesta diferenciada en el Código Penal en función de si el inmueble constituye o no la morada de su titular. Pero, en base a la jurisprudencia en la materia, la instrucción del Ministerio del Interior subraya que tanto la primera como la segunda vivienda (cuando el morador ocupa el inmueble solo en determinadas épocas del año, como fines de semana o vacaciones) deben considerarse moradas, por lo que cuentan con la misma protección legal.

En ambos supuestos, por lo tanto, son de aplicación artículos 202 y siguientes del Código Penal que recogen el delito de allanamiento. El texto señala que se trata de un delito doloso, de simple actividad y de carácter permanente.

En consecuencia, tanto en el caso de primera como de segunda vivienda, y constatado por cualquier vía un allanamiento, el protocolo establece que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) podrán proceder, sin necesidad de solicitar medidas judiciales, caso de delito flagrante, directamente y de forma inmediata al desalojo e identificación de los ocupantes, así como a su detención si procede.

Jupol asegura que no se aclara el procedimiento

«No aporta nada nuevo y simplemente es un intento de maquillar la inacción del Gobierno de España», señalan desde Jupol. En el caso de la Guardia Civil, la mayoritaria AUGC ha lamentado que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska «no termine de aclarar las dudas con las que se encuentran los agentes en estas actuaciones».

«La novedad principal en este protocolo es que se elimina el plazo de 48 horas para proceder a echar a los ‘okupas’ de la vivienda. Y una batería de indicaciones para mejorar los atestados y poder acelerar la devolución de las viviendas a sus propietarios», han señalado desde AUGC.

«Esta ausencia de plazo legal del que no fija un margen temporal exacto, puede poner en serios problemas legales a los agentes que tienen que enfrentarse a situaciones de desalojo de una vivienda, como puede ser el allanamiento de morada por parte de los agentes», añaden desde AUGC. Reclama de Interior «mayor concreción» y evitar los «vacíos legales».

Maquilla y colaboración de ‘okupas’

El sindicato JUPOL ve una «venta de humo» y «parapeto» la Instrucción 6/2020 emitida por la Secretaría de Estado de Seguridad. Según su portavoz, Pablo Pérez, «no aporta absolutamente nada nuevo para la operativa policial y en ningún caso va a mejorarla». «Es un intento de maquillar la inacción del Ministerio del Interior y del Gobierno de España ante el alarmante crecimiento de la ocupación ilegal de viviendas».

«Es una instrucción a nivel global. Pero no ofrece una salida o un modo de actuación in situ, sobre qué es lo que va a pasar cuando llegue la Policía Nacional a la casa ocupada», ha añadido Pérez. Afirma que la instrucción «sigue requiriendo la colaboración de los ‘okupas’ para poder acceder y recuperar el domicilio ocupado».

Por otro lado, JUPOL ha censurado la falta de modificaciones en el ordenamiento jurídico para este tipo de delitos. Denuncia que se mantiene como un delito leve las ocupaciones de viviendas. «Algo que se ha demostrado no es suficiente para frenar la comisión de este tipo de delitos».