Solicitan que las ayudas para asentamientos se destinen a construir casas

La asociación Apdha en Huelva ha reclamado que se invierta la ayuda de más de un millón de euros aprobada por la Junta en la construcción de viviendas para los asentamientos agrícolas

La Delegación de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) en Huelva ha reclamado que con la ayuda aprobada esta semana de más de un millón de euros por parte de la Junta de Andalucía, en el marco de las actuaciones frente a la pandemia del coronavirus, se lleve a cabo la construcción de viviendas, «como única protección real y válida» para las alrededor de 2.000 personas que viven en los asentamientos agrícolas onubenses.

Para la asociación, debe existir una inversión racional, planificada, coordinada y en constante evaluación en todos los municipios con campañas temporales importantes.

Además, opinan que esta inversión debe contemplar la construcción de viviendas, como «una valiosa oportunidad para terminar con dos décadas de asentamientos, solucionando así el déficit habitacional y la situación de inseguridad, insalubridad e indignidad en la que se ven obligadas a vivir las personas migrantes».

Según ha informado la asociación en una nota de prensa, se trataría de viviendas en régimen de alquiler, indican, como las que solicitan las propias personas migrantes en sus manifestaciones.

Soluciones eficaces y duraderas a esta situación, espacios dignos para trabajadores y trabajadoras del campo, para que además puedan llevar a cabo el «quédate en casa», explican.

«Nuevos remedios para una situación nueva como la que vivimos», que tengan en cuenta soluciones innovadoras, económicas y rápidas, como la construcción de viviendas fabricadas con impresoras 3D, han indicado.

Han indicado que ha pasado un mes desde la declaración del estado de alarma y desde el establecimiento de medidas de higiene excepcionales para proteger a la población del contagio del coronavirus.

En cuanto a las actuaciones en esta línea en los asentamientos de la provincia, denuncian, han sido «casi inexistentes», además de que las realizadas no han sido «nada determinantes en cuanto a salvaguardar realmente la salud de las personas que habitan los asentamientos».

APDHA Huelva recuerda las declaraciones del relator de la ONU en la visita a uno de ellos, en febrero de este mismo año, en las que denunció la situación en la que se vive en los asentamientos de migrantes y que calificó como «peor que la de un campo de refugiados».

Es «imperioso», demanda la organización, resolver el problema habitacional de una provincia que precisa la presencia de «un gran número de personas de manera estacional en las campañas agrícolas».

Pero esta actuación, según señalan desde la asociación, requiere la implicación de todos los actores sociales: las personas afectadas, ayuntamientos, asociaciones de ayuda a este colectivo, Diputación Provincial, empresarios y sindicatos, en la proyección de la mejor opción de inversión de la ayuda aprobada.

«Es una oportunidad importante y hay que aprovecharla. Además de los municipios en los que existen asentamientos, hay otros municipios con campañas agrícolas en los que también trabajan las personas asentadas y que pueden ser parte en la solución de esta situación», plantean.

Incendio en Palos de la Frontera

Apdha Huelva ha hecho referencia también al incendio provocado del pasado martes, 14 de abril, en el asentamiento de Baldifresa, en Palos de la Frontera.

Este ha destruido 67 chabolas y desalojado al menos a 200 personas, con la consecuente pérdida entre otras cosas de refugio, documentación, ropa y enseres.

La asociación exige del Ayuntamiento de Palos de la Frontera la habilitación de espacios para la reubicación de las personas afectadas «con seguridad y dignidad, para evitar hacinamientos que aumentan el riesgo de un posible contagio por coronavirus».

También, a las Fuerzas de Seguridad del Estado, una investigación que aclare las causas de este incendio, dado que por «la forma de iniciarse y propagarse se considera provocado».

Apdha considera que «este tipo de ataques se sustentan bajo el racismo y la xenofobia y constituyen un delito por odio», por lo que pide que se implementen las medidas en la población para que hechos así no vuelvan a producirse.

De manera complementaria, la organización reivindica, por un lado, «el derecho y el deber de empadronamiento de todas las personas que así lo soliciten, sin trabas, según el derecho actual y que sin embargo resulta casi imposible en algunos municipios de la provincia de marcado carácter agrícola».

Y, por otro lado, la regularización de los permisos de residencia y/o de trabajo de muchas de las personas que malviven en los asentamientos, como están haciendo otros países como Portugal, para reducir su precariedad de vida y contribuir con ello a su protección y autoprotección en medio de la pandemia.

Se trata de una regularización que, según aseguran, favorecería en este momento el desarrollo de la campaña agrícola dificultada por las limitaciones de movilidad de las personas.