Piden ayudas para las víctimas del incendio del asentamiento de Palos

Un total de 38 colectivos denuncian la «intolerable» actitud del Ayuntamiento de Palos, pues «no ha ofrecido alternativas a estas personas que lo han perdido todo»

La asociación de personas migrantes Asnuci y 37 entidades sociales más exigen al Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva) que auxilie de forma inmediata a las víctimas del incendio del pasado 14 de abril en el asentamiento del Polígono San Jorge.

Este afectó a 68 chabolas y a unas 100 personas que las habitaban. De hecho, las organizaciones han registrado un escrito en el Ayuntamiento.

Según han informado en una nota de prensa desde Asnuci, sus portavoces lamentan que «tratándose de uno de los municipios más ricos de la provincia, ni siquiera haya ofrecido instalaciones alternativas a estas personas que lo han perdido todo en un incendio que se sospecha ha sido provocado».

Como han recordado, en este asentamiento malviven cientos de personas. «Y no es el primer incendio que sufre». El 14 de diciembre de 2019 se llevó la vida de un joven de 23 años. «El Ayuntamiento de Palos nunca ha habilitado espacios alternativos para atender a las personas afectadas por estos incendios, como sí han hecho, aunque insuficientes, otros municipios con asentamientos».

«Su actitud nos parece intolerable, mostrando además una enorme ingratitud hacia personas que contribuyen a generar riqueza a las empresas agrícolas locales y a su población», han dicho.

Las organizaciones recuerdan que los asentamientos de chabolas de la provincia están ocupados por trabajadores temporeros a los que «no se les ofrece alternativas habitacionales dignas».

Los colectivos acusan en su escrito al Ayuntamiento de «hacer dejación de funciones» por cuanto la ley asigna a los gobiernos locales la responsabilidad de «atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, el abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado y la recogida y tratamiento de residuos».

Entre las medidas que piden las organizaciones y que ya han sido reiteradas en escritos anteriores dirigidos a este Ayuntamiento y a otras administraciones locales, provinciales, autonómicas y estatal destacan: la apertura de instalaciones deportivas, centros educativos y otras dependencias municipales ahora cerradas e infrautilizadas para alojar como dispositivo de emergencia a las personas afectadas por el incendio.

Piden, además, la habilitación durante el estado de alarma de los aseos y vestuarios de estas instalaciones para la atención de la población sin hogar o residente en asentamientos chabolistas.

También abogan por la instalación permanente de tomas de agua potable, aseos con duchas y letrinas, y puntos de recogida de basura en los asentamientos; y la comunicación a la autoridad sanitaria prevista en el RD 463/2020 de las condiciones de vida de los ocupantes de los asentamientos para que se adopten las medidas sanitarias y preventivas necesarias para evitar la propagación del Covid.

Entre ellas, se encuentra la utilización de campings y otras instalaciones hoteleras ahora cerradas y el traslado de los temporeros de los asentamientos a los módulos habitacionales destinados a los trabajadores extranjeros con contratos en origen que no han podido venir tras el cierre de fronteras.

Las organizaciones extienden sus exigencias a todas las administraciones y a las empresas del sector agrícola onubense para que, en las distintas soluciones que se están planteando en esta crisis del Covid, desde los órganos de decisión «dejen de contemplar a los trabajadores temporeros, especialmente los migrantes, como una mercancía de usar y tirar, como mera mano de obra al servicio de los intereses del mercado. Son seres humanos con derechos, todo el año, y que además, pagan impuestos».

En este sentido, valoran como «insuficientes y decepcionantes» las medidas de «regularización» propuestas por el Gobierno central en respuesta a las grandes organizaciones empresariales agrícolas, que deshumanizan a la mano de obra extranjera y que apenas beneficiará a ninguna persona migrante de la provincia, así como las ayudas para los asentamientos aprobadas ayer por la Junta de Andalucía, basadas en cifras de población de los asentamientos inferiores a la realidad y con plazos que llegan tarde para resolver la grave emergencia actual.

Las organizaciones solicitan a los ayuntamientos, a la Junta y al Gobierno central que para tomar decisiones y para implementar medidas se cuente desde ya con las ONG locales.

Estas, que trabajan desde hace años, lo hacen especialmente durante esta crisis sanitaria, «gracias a su generoso voluntariado, y conocen el problema en profundidad, especialmente con las integradas por las propias personas protagonistas, migrantes, temporeras, residentes en las chabolas, como Asnuci, Jornaleras de Huelva en Lucha, Asociación de Trabajadores Africanos, etc».