La asociación Apaig de Córdoba muestra su apoyo a las reivindicaciones del fiscal delegado de Protección de Personas con Discapacidad en Andalucía, Fernando Santos Urbaneja, como la petición de crear nuevos centros y plazas para atender a jóvenes psicodeficientes en la región, porque en los centros específicos para ellos actualmente no hay plazas disponibles y hay lista de espera de más de dos años.

Según han transmitido a Europa Press desde dicho colectivo, que se ha reunido esta semana con el fiscal, "es totalmente inhumano que haya lista de espera de dos años" para poder atender a estas personas, con lo que supone para ellos y sus familiares.

Al respecto, desde la asociación han comentado que tienen "constancia de numerosas familias que viven en constante tensión por no poder abordar el problema, recurriendo a las diferentes instituciones y administraciones para denunciar sus casos", si bien han advertido de que "lo único que reciben son negativas, silencio y que no es de su competencia".

En este sentido, han explicado que "en numerosas ocasiones el familiar es internado en prisión, donde no solo no se reinserta, sino al contrario, porque cuando sale su estado ha empeorado, puesto que los funcionarios no están capacitados para tratar con personas psicodeficientes y el trato con el resto de internos agrava la patología".

Mientras, desde Apaig han señalado que "hace años se cometió el grave error del cierre de los hospitales psiquiátricos, diciendo que los enfermos estaban mejor con sus familias, pero pasados estos años se puede comprobar que numerosas familias se encuentran al borde del caos, emocional y económicamente, al no poder hacer frente a la situación creada".

Ante ello, la citada asociación ha informado de que está contactando con asociaciones afectadas y no afectadas y ciudadanos en general para la creación de una gran plataforma que reclame las distintas reivindicaciones sobre esta materia.

"VULNERACIÓN DE DERECHOS"

Fernando Santos Urbaneja ha declarado en una entrevista con Europa Press que "otras realidades de la discapacidad podrían esperar porque son más llevaderas, pero no ésta", a lo que añade que "su omisión supone una vulneración de los derechos fundamentales de estas personas y un sacrificio insoportable para sus familiares, allegados, vecinos, etcétera".

En palabras del fiscal, "su conducta a menudo supera la capacidad de abordaje tanto privado como público", de manera que "en no pocos casos terminan en prisión", de ahí que "los familiares solicitan desesperados auxilio a las administraciones".

Igualmente, ha avisado que "se produce también una vulneración del principio de igualdad --artículo 14 de la Constitución Española--", en la medida en que "la administración emplea recursos en ámbitos no tan prioritarios, tanto fuera de la discapacidad --deporte, ocio, cultura--, como dentro de la misma".

Desde el punto de vista jurídico, según ha subrayado, "la cuestión es clara", porque "el Estatuto de Autonomía de Andalucía en su artículo 22-3 proclama con meridiana claridad que: 'Las personas con enfermedad mental, las que padezcan enfermedades crónicas e invalidantes y las que pertenezcan a grupos específicos reconocidos sanitariamente como de riesgo, tendrán derecho a actuaciones y programas sanitarios especiales y preferentes'".

En este caso, el fiscal ha puntualizado que "la preferencia significa que, ante medios escasos, estos ámbitos son los que primero hay que atender", si bien ha advertido de que "no está siendo así" y aboga por abordarlo con la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta, Rocío Ruiz.