¿Quién puede solicitar la ayuda de 300 euros para autónomos de la Junta?

Esta medida realizada por el ejecutivo andaluz es complementaria a las aprobadas por el Gobierno central

Autónomos y mutuas podrán solicitar desde este viernes 17 de abril a la Junta de Andalucía una ayuda de 300 euros que complementa a las ya puestas en marcha por el Gobierno central.

Está destinada a trabajadores por cuenta propia, autónomos o mutualistas, que no se están beneficiando de la prestación extraordinaria por cese de actividad.

La tramitación sólo podrá realizarse de forma telemática. Dicha solicitud incluye una declaración de responsabilidad de cumplimiento de los requisitos; el DNI-NIF; domicilio fiscal; empadronamiento en Andalucía; alta en el régimen especial de la Seguridad Social o en su mutualidad alternativa; no ser beneficiario de la prestación extraordinaria por cese de actividad; número de cuenta bancaria para percibir la ayuda y declaración del IRPF.

Los potenciales beneficiarios podrán tramitar su solicitud desde este viernes hasta quince días después de declararse finalizado el estado de alarma o hasta que se haya agotado el presupuesto.

Se excluye a quienes se acogen a la prestación extraordinaria por cese de actividad del Gobierno, a los trabajadores por cuenta propia o mutualistas cuya actividad está considerada servicio esencial y los autónomos que tengan en su declaración de la renta una base liquidable general y del ahorro que supere tres veces el Salario Mínimo Interprofesional (unos 39.900 euros anuales).

Dentro de los servicios esenciales sí se ha incluido como potenciales beneficiarios a trabajadores por cuenta propia de hasta 99 tipos de profesiones, entre las que se encuentran sanitarios; artesanos; clínicas veterinarias; ópticas y productos ortopédicos; prensa y papelería; tintorerías; fotografía; textil y confección y componentes electrónicos.

También podrán optar a la ayuda los autónomos que trabajen en los servicios de transporte de personas; abogados; procuradores; intérpretes; psicólogos; profesionales del sector de la flor cortada; actividades relacionadas con las telecomunicaciones; fabricantes de quesos o servicios sociales sin alojamiento para personas mayores y con discapacidad, entre otros.