Piden a la Policía Local de Cádiz que acabe con los patinetes en las aceras

La Zancada entiende que la DGT deja claro que la normativa vigente es suficiente para impedirlo

El reciente atropello de una persona que caminaba por la acera de la Avenida Campo del Sur de Cádiz por un patinete eléctrico que circulaba ilegalmente ha puesto de manifiesto, según denuncia la asociación La Zancada, «la inacción del Ayuntamiento de Cádiz en relación a la creciente invasión de espacios peatonales por estos vehículos».

El comunicado íntegro es el siguiente:

«La justificación de los responsables municipales en este caso, como ya vienen haciendo meses atrás, es la ausencia de una normativa que permita a la Policía Local sacar a estos vehículos de las aceras y zonas peatonales.

Sin embargo, la Ley sobre Tráfico define al Peatón como la «persona que, sin ser conductor, transita a pie (…). También tienen la consideración de peatones quienes empujan o arrastran un coche de niño o de una persona con discapacidad o cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones, los que conducen a pie un ciclo o ciclomotor de dos ruedas, y las personas con discapacidad que circulan al paso en una silla de ruedas, con o sin motor”. Y como Zona peatonal, la “parte de la vía, elevada o delimitada de otra forma, reservada a la circulación de peatones» (Anexo I del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre). Es decir, los patinetes eléctricos no pueden ser considerados peatones, por estar dotados de motor, y las zonas peatonales están reservadas exclusivamente a los peatones.

Así mismo, el artículo 121.5 del Reglamento General de Circulación establece que «está prohibida la circulación de toda clase de vehículos por las aceras y demás zonas peatonales». Los vehículos de movilidad personal (VMP), popularmente conocidos como patinetes eléctricos, son vehículos y en consecuencia tienen prohibido circular por aceras y otras zonas peatonales. La Dirección General de Tráfico se encargó de volver a recordarlo el pasado 3 de diciembre en su instrucción 2019/S-149 TV-108, en la que además especificaba los criterios a utilizar por los agentes de la autoridad para formular las oportunas denuncias. No existe vacío ni ambigüedad legal: la normativa actual obliga a sacar a los patinetes eléctricos de aceras y calles peatonales para proteger al peatón.

Con buen criterio, la citada instrucción explica que «dada la consideración del peatón como usuario vulnerable de la vía, y teniendo en cuenta especialmente el mayor riesgo de vulnerabilidad de las personas con discapacidad y con movilidad reducida, las Administraciones públicas competentes deben velar porque estos espacios sean seguros para ellos». Sin perjuicio de lo que puedan establecer las Ordenanzas Municipales en vías urbanas -concluye el apartado 7.1 de la instrucción-, la circulación en un VMP por zonas peatonales “constituye infracción grave al artículo 121.5 del citado Reglamento General de Circulación (opción 121.1.5A) y está sancionada con 200 €». La normativa actual es por tanto un instrumento suficiente para sacar a los patinetes eléctricos de aceras y calles peatonales y cumplir con la obligación de velar por la seguridad del peatón.

Todo esto fue explicado ya por La Zancada a los responsables locales a los pocos días de la publicación de la Instrucción de la DGT. La Asociación Gaditana de Peatones insta nuevamente al Ayuntamiento a hacer efectiva de manera inmediata la normativa vigente en materia de tráfico y a que inicie, como primera medida, acciones informativas de la Policía Local a los usuarios particulares y a las empresas que realizan tours turísticos en VMP, para alertarles de la prohibición de circulación por espacios peatonales así como de la sanción a la que se enfrentan.

Obviamente, todo lo anterior invalida además la pretensión del Ayuntamiento de Cádiz, a través de la modificación de la Ordenanza, de permitir la circulación por zonas peatonales de VMP turísticos y de transporte de mercancías o personas (ciclotaxis). Por ello, La Zancada reitera su solicitud de que el proyecto de ordenanza sea retirado o revisado en profundidad para no entrar en contradicción con la normativa de tráfico de rango superior, lo que provocaría su invalidez legal».