La nueva Ley de Memoria Democrática cuyo anteproyecto ha aprobado el Consejo de Ministros prevé declarar «nulos de pleno derecho» los juicios sin garantías del franquismo. Además, pretende transformar el Valle de los Caídos en un cementerio civil y dotar al Estado de recursos para recuperar restos de las fosas comunes. Esta ley anulará la condena a Blas Infante, entre otras cosas.

Esa medida supondrá que la condena de Blas Infante, hecha a posteriori de su fusilamiento, será anulada; tal y como exigen la familia y las asociaciones memorialistas. Infante fue asesinado el 11 de agosto de 1936. Cuatro años más tarde, el Tribunal de Responsabilidades Políticas, creado después de la guerra, le condenó a muerte y a sus herederos a una multa económica.

Más cambios además de la condena de Blas Infante

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha explicado en rueda de prensa que el nuevo texto plantea transformar el Panteón de Hombres Ilustres en un Panteón de España. Será un enclave donde se reconozca el valor histórico de hombres y mujeres españoles, así como incorporar la memoria democrática al currículum educativo.

La habilitación de un banco de ADN que facilite la identificación de los restos todavía pendientes de recuperación en miles de fosas comunes aún no exhumadas y la creación de una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para proteger los derechos de las víctimas de la represión y la dictadura son otras novedades de esta iniciativa.

Calvo ha anticipado que el desarrollo de esta nueva norma, que actualiza la Ley de Memoria Histórica de 2007, será muy largo. Como se tardará «mucho tiempo» en aplicar, se prevén planes cuatrienales que garanticen su viabilidad presupuestaria y culminar la pretendida reparación de las víctimas del franquismo.

En esta línea, se incluye la atención a colectivos reprimidos por la dictadura como los gitanos o los homosexuales. Igualmente se contará, ha dicho Calvo, con las asociaciones memorialísticas para su impulso.

Una Ley «necesaria», que «liberará» a Blas Infante

Se trata, ha enfatizado la vicepresidenta, de un «texto urgente», porque la democracia «no podía permitirse seguir un día más sin tener encima de la mesa una ley como ésta».

Ley que va a permitir «homologar» la democracia española a las más avanzadas del mundo, al tener muy en cuenta la normativa de defensa de derechos humanos.

Respecto a entidades como la Fundación Francisco Franco, el anteproyecto contempla que no podrán existir asociaciones sostenidas con recursos públicos «que promocionen el totalitarismo o enaltezcan figuras dictatoriales», como ya ocurre en otros países europeos.

La protección de los archivos que permitan recuperar la memoria; el impulso a la investigación de episodios históricos represivos; e incluso el retorno de fondos documentales a España del exilio también se incorporan a esta Ley de Memoria Democrática.

Además, se incluye el establecimiento de dos fechas conmemorativas: El 31 de octubre, cuando las Cortes aprobaron la Constitución; Y el 8 de mayo, fecha de la liberación europea del nazismo, para recordar a las víctimas de la Dictadura y a los exiliados españoles, respectivamente.

Creación de una Fiscalía específica

El anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que ha aprobado el Consejo de Ministros este martes contempla la creación de una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos.

Se dedicará a investigar hechos producidos en la Guerra Civil y la Dictadura, teniendo como marco jurídico de referencia el derecho internacional y los tratados internacionales.

Así lo ha explicado la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada sobre el papel que jugará a partir de ahora La ley de Amnistía de 1977, que ha sido un obstáculo a la hora de juzgar estos hechos.

Ley de amnistía y al derecho internacional

«No hay garantía más grande para investigar delitos de violaciones de derechos humanos en la dictadura que la creación de una Fiscalía de Sala», ha afirmado Calvo.

A este respecto, la vicepresidenta ha afirmado que esta ley «se encardina en el compromiso del derecho internacional humanitario». También ha recalcado que «no hay más garantía» para investigar esas violaciones de los derechos humanos «que estar a los tratados internacionales a los que España está obligada».