Los docentes se someterán a test rápidos cuando la actividad sea presencial 

La Junta de Andalucía anuncia a los sindicatos test rápidos a los docentes cuando la actividad sea presencial en los centros

La Consejería de Educación y Deporte realizará test rápidos de detección del Covid-19 a los docentes cuando la actividad sea presencial en los centros escolares, según han precisado los sindicatos CCOO y CSIF tras la Mesa Sectorial celebrada esta misma mañana para abordar la reincorporación a partir de la finalización del estado de alarma e informar de las 14 medidas acordadas a nivel estatal tras la Conferenica Sectorial de Educación del pasado jueves de cara al inicio del curso escolar 20/21.

Así, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, ha señalado, a través de un comunicado, como «insuficientes» las medidas presentadas por la Consejería de Educación, que, a su juicio, «pueden generar incluso una falsa confianza ante el virus, caso de la realización generalizada de test rápidos a todo el profesorado pues estos tiene un amplio margen de error, ya que un negativo hoy, no certero, puede no serlo mañana».

Para CCOO disponer de una información de la afección del virus entre el profesorado «puede ser adecuado para conocer la incidencia comunitaria, un estudio ya realizado entre la población general ante necesidades de confinamiento, que lo sitúa entre un 5-7%, pero que no resuelve el problema real de la actividad docente ante la Covid-19».

Molina ha señalado, además, que estos test rápidos «se planteen ahora y no cuando, con una mayor incidencia del virus, se incorporaron presencialmente los equipos directos y el personal de administración y servicios para la realización de actividades administrativas.»

Para CCOO «es imprescindible que para reiniciar la actividad docente presencial se reduzca la ratio a través de un nuevo modelo de escolarización que garantice el distanciamiento físico en las aulas, se generen mecanismos que reduzcan la brecha digital, se desarrolle de modo real la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en los centros educativos, y se fomenten medidas de conciliación ante un más que previsible rebrote del virus».

Molina ha considerado «urgente» disponer del presupuesto necesario para atender la escolarización ante la nueva realidad teniendo en cuenta no solo la partida que asigne el Gobierno Central y el Ministerio de Educación, sino los fondos europeos que se aprueben o de los propios presupuestos de la Junta de Andalucía.

Para finalizar, Molina ha criticado que en este contexto «se sigan suprimiendo unidades escolares públicas para el próximo curso escolar lo que pone de manifiesto la irresponsabilidad de la Consejería de Educación en un momento en el que lo prioritario debe ser la planificación ante un situación sanitaria que no ha sido superada.»

Desde CSIF han celebrado la decisión de la realización de los test rápidos, si bien han lamentado que «no se hubiera procedido a ello, tal y como formuló CSIF el pasado mes de mayo en Mesa Sectorial de Educación».

Además, y sobre las instrucciones pedagógicas que pasaron por Mesa el pasado día 10 de junio y que se publicarán «a la mayor brevedad», ha rechezado que «se lleven a término las mismas si no se cuenta con los recursos materiales, personales y medidas de prevención y seguridad para ello, además de cargar de responsabilidades al profesorado y equipos directivos».

Igualmente, según explica CSIF en un comunicado, Educación «se ha comprometido a ofrecer más refuerzos para el profesorado, más docentes y más apoyos», una medida ante la que solicitan que «se concrete cuantía presupuestaria para ello y que se determine el alcance de esta medida anunciada a los distintos centros educativos».

«El profesorado ha demostrado su profesionalidad y entrega durante este periodo, y haber estado a la altura de las circunstancias. Sin embargo, para encarar un inicio de curso muy complejo en el que se tenga por objeto remontar los posibles déficits que en el proceso de aprendizaje se hayan producido, y a su vez, adquirir nuevos saberes y competencias fundamentales es fundamental contar con recursos materiales y personales, y no escudarse en autonomía pedagógica ni organizativa, y delegación de responsabilidades a los profesionales de la educación», ha señalado CSIF.

«Hay que determinar sin ambigüedades las necesidades»

Por tanto, «rechazamos de plano el ‘apáñenselas como puedan’, que es lo que trasluce del acuerdo que Ministerio y Consejería de Educación han firmado», ha afirmado el sindicato, que señala que «hay que determinar con precisión y sin ambigüedades las necesidades que docentes y alumnado tendrán en cuanto a ratios, apoyos, desdobles y medidas de prevención, seguridad y salud de cara al inicio de curso 20/21».

Para CSIF «la fórmula hacer más con lo mismo, no es válida», de modo que ha exigido nuevamente que «se refuerce el personal de las unidades de prevención para poderse realizar las preceptivas evaluaciones de riesgo de cada centro educativo, y adaptaciones del puesto de trabajo del personal docente que lo solicite». Asimismo, ha reiterado que «se dinamice, constituya y convoque el Comité de Seguridad y Salud de la Consejería de Educación».

Igualmente, ha concluido que «no acepta el presumible incremento de burocracia a la que van a ser objeto los profesionales de la educación», a los que «se responsabiliza de la elaboración y puesta en funcionamiento de muchos planes y actuaciones, que van a dar lugar a un aumento de la ya asfixiante burocracia a la que es sometido el colectivo docente».

Desde UGT señalan que en el marco de esta reunión han plantado distintos aspectos de «obligado cumplimiento» como «bajada de ratios, siendo ahora más preciso que nunca, puesto que es la única manera de llevar a cabo una enseñanza segura; duplicar las plantillas de profesorado; se debe incorporar personal sanitario para coordinarse y colaborar con los equipos directivos; y no sobrecargar a los docentes con más tareas burocráticas».

UGT insiste en que «no se puede empezar el curso con normalidad»

Desde UGT han vuelto a insistir en que «no puede comenzar el curso normalmente, cuando estamos viviendo una situación sanitaria excepcional, y exigimos que no se supriman unidades, puesto que esto llevará a que en muchos casos se creen unidades de más de 20 alumnos».

ANPE, por su parte, ha transmitido al consejero su apuesta por la reanudación de la actividad lectiva presencial en el próximo curso, «como garantía de igualdad de oportunidades, siempre que se cumplan las máximas condiciones de seguridad sanitaria». Igualmente, ha planteado, según un comunicado, que el «sobresfuerzo para hacer frente al «déficit» educativo en este último trimestre «no puede recaer exclusivamente sobre el profesorado y los equipos directivos».

Así, ha solicitado que se apueste tanto por el incremento de plantillas como por las bajadas de ratios, «para garantizar así los desdobles y apoyos necesarios».

Por último, tras la reunión de esta mañana, Ustea ha reivindicado que la gestión de todos aquellos aspectos que afecten tanto al profesorado como a resto de la comunidad educativa «sean sometida a un verdadero proceso de negociación en el que las organizaciones sindicales, representantes legales de los trabajadores, tengamos realmente algo que decir», y de cara al curso próximo, han recordado al consejero «que, además de los aspectos sanitarios, hay toda una serie de medidas organizativas que dependen de cuestiones educativas y pedagógicas que ya se deberían de estar abordando y negociando».

Han insistido en la «necesidad absoluta de la bajada de la ratio» y han exigido que «se cumpla» con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales; el aumento de las plantillas; los medios y recursos horarios para todo aquel profesorado que tenga que ocuparse de tareas de coordinación o el incremento de la acción tutorial; adaptación de infraestructuras; medidas de conciliación laboral; o medidas de actuación sobre la brecha digital, etcétera».