La Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio del Interior por la inadecuada protección de la Guardia Civil a una mujer. En 2016, dicha mujer solicitó una orden de protección como víctima de violencia de género. Sin embargo, la mujer finalmente fue asesinada un mes más tarde por su marido.

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima en su sentencia que la Benemérita es responsable. Se basa en la valoración policial del riesgo de violencia contra la mujer, la mínima protección policial que se asignó resultó inadecuada. Sobre todo cuando habida cuenta del asesinato de la denunciante por su marido un mes después de interponer la denuncia.

Los magistrados apuntan en su resolución que ante este tipo de casos la actuación de los agentes «no debería quedar limitada a aspectos formales de atención a la denunciante, asistencia, información de derechos y citación a juicio».

En este caso, debe haber una atención preferente de asistencia y protección de las mujeres. Más, sabiendo «que han sido objeto de comportamientos violentos en el ámbito familiar; a los efectos de prevenir y evitar, en la medida de lo posible, las consecuencias del maltrato».

El puesto de Sanlucar La Mayor

Los hechos ocurrieron en 2016. En la madrugada del 17 de septiembre la mujer solicitó una orden de protección frente a su marido en el puesto de la Guardia Civil de Sanlucar La Mayor (Sevilla). Allí se presentó aportando además un parte médico de urgencias de esa misma noche.

Esa orden fue denegada horas después por el juzgado de primera instancia número 2 de la localidad. El motivo: existían versiones contradictorias, porque el denunciado carecía de antecedentes y porque los agentes calificaron el riesgo para la mujer como ‘no apreciado’. El Ministerio Fiscal emitió también informe interesando la desestimación de la medida solicitada por la mujer.

Pero la mujer fue asesinada un mes después por su marido con un arma blanca. El tribunal entiende ahora que debe estimarse una responsabilidad directa y objetiva del Estado; puesto que es «a quien corresponde dar respuesta eficaz en evitación de tal resultado». Es por ello que debe de «hacer frente a los daños ocasionados por el funcionamiento, incluso cuando fuera moral, del servicio público».

Conciencia social sobre el problema de la violencia de género

Asimismo, la Sala incide en que la conciencia social e institucional sobre el problema de la violencia de género. Puesto que «exige una mayor sensibilización de la que mostró en este caso el puesto de la Guardia Civil» encargado del caso. Añade que en este asunto había elementos, tanto en la denuncia como en la declaración judicial; para que se hubiera dado un mayor nivel de protección por la Benemérita; al menos en el seguimiento del caso que dejaron en manos del Punto de Igualdad municipal.

Y ahonda la sentencia en este aspecto señalando que si bien una estimación policial del riesgo que lleve a una mayor protección de la víctima no evita el asesinato de mujeres por violencia de género, sí que debe estimarse una responsabilidad directa y objetiva del Estado a quien corresponde dar respuesta eficaz en evitación de tal resultado, debiendo hacer frente a los daños ocasionados por el funcionamiento, incluso cuando fuera normal, del servicio público.

«Es indudable que no se apreció el riesgo que existía que hubiese podido prever o evitar el asesinato». Es por ello que «lo que incumbe al Ministerio del Interior en la reparación de los daños causados, en este caso, por el funcionamiento de los servicios policiales», indica la sentencia.

Voto particular: funcionamiento erróneo del servicio

El fallo de la Audiencia Nacional recoge además el voto particular de la presidenta y de tres consejeros del Consejo de Estado que frente a la decisión del tribunal, apreciaron un funcionamiento erróneo del servicio de la Guardia Civil como policía judicial en cuanto a la inaplicación y seguimiento del protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia de género.

Añaden que la respuesta policial en violencia contra la mujer exige que el sistema pueda prevenir la violencia y reevaluar el riesgo, más allá de la recogida de datos automatizados, mediante agentes especializados en su tratamiento y sensibilización en su seguimiento.

«El voto particular, sin embargo, de innegable crítica a la investigación policial, pondera la declaración de la denunciante y desmonta la apreciación del auto judicial, considerando que existía una situación de riesgo objetivo para la denunciante no apreciado en el informe de la Guardia Civil, basándose en las alegaciones al respecto del instructor del expediente de reclamación de
responsabilidad patrimonial, concluyendo la inadecuada valoración policial de los riesgos e inaplicación del protocolo para la valoración del nivel de riesgo de violencia de género», señala la sentencia.

En el fallo, la Sala concede una indemnización de 180.000 euros a los padres y a los dos hijos menores de la mujer asesinada por el daño moral.