El exabogado de Podemos denunció al juez sospechas de «contratos simulados»

También afirmó que el partido obliga a contratar con la cooperativa fundada por Rafa Mayoral, quien gestiona la ‘caja de solidaridad’

El exabogado de Podemos José Manuel Calvente, que ha denunciado al partido por malversación y administración desleal, entre otros delitos, declaró ante el juez que los contratos que firmó la formación morada con la consultora Neurona Comunidad, vinculada al exdirigente Juan Carlos Monedero, podrían haber sido «simulados», pero admitió que «no deja de ser una serie de indicios que a través de personas, confidencialmente, se han remitido».

«Son cosas muy raras que nos hacen sospechar», dijo Calvente en la declaración de más de tres horas que prestó el pasado 29 de julio ante el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, para ratificar su denuncia, comparecencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

Según afirma Calvente en su denuncia, Neurona Comunidad se constituyó en Sevilla en marzo de 2019 «expresamente para contratar con Podemos los gastos de campaña electoral», y explicó al magistrado que se detectaron «irregularidades» por parte de algunos «trabajadores» del partido, aunque no menciona quiénes.

Una consultora creada para el 28A

Al preguntar el juez por la sospecha de que Monedero pueda haber cobrado comisiones en su intermediación para contratar con Neurona, el letrado se limitó a decir que «eso es ‘vox populi'» entre los trabajadores, pero que están «asustados» para denunciar.

Calvente sospecha de los contratos con Neurona también por la fecha en que se constituyó la empresa, un mes antes de las elecciones generales del 28 de abril de 2019, y porque «lo normal es contratar con personas con estabilidad y españolas con trabajadores». Plantilla que, según dijo, la empresa no tiene.

A raíz de la declaración del exabogado de la formación morada, el juez Escalonilla emitió dos autos en los que ordenó diligencias para solicitar abundante información tanto al partido como a organismos públicos como el Tribunal de Cuentas. También imputó a varios dirigentes como el secretario de Comunicación, Juan Manuel del Olmo, el tesorero, Daniel de Frutos, y la gerente, Rocío Esther Val.

Calvente relató a preguntas del magistrado que fue Pablo Manuel Fernández, exgerente de la formación, quien le dijo que le habían comentando que Neurona estaba facturando por trabajos que ya se hacían dentro del partido. «Supongo que confidentes de él», dijo cuando Escalonilla le preguntó qué personas habían denunciado esto.

«Para mí, es humo»

«Son trabajadores los que detectan estas irregularidades. Me dicen: ‘Oye, yo estoy haciendo cosas para Podemos y resulta que las está facturando Neurona. Está facturando un servicio ficticio. ¿Cómo es posible que cobre 300.000 euros por hacer seguimiento de campaña, que es una cosa como… humo?’. Porque para mí, es humo. Son cosas muy raras que nos hacen sospechar», apuntó.

Según Calvente, en la coalición de Unidas Podemos (que aglutina a Podemos e IU) se detectó que el partido morado estaba firmando contratos que «podían implicar también a IU» y es algo que se comentó «entre todas las personas que estaban haciendo la campaña».

«Hay una serie de documentos que ponen en alerta al Tribunal de Cuentas y los miembros de la coalición se ponen nerviosos. Salieron varias noticias y eso hizo saltar las alarmas», resaltó. «Es lo que sospechábamos todos», añadió después.

Todo ello, dijo, cuando no se había aprobado el presupuesto del partido en todo el año pasado, por lo que denunció que las partidas de gastos se hicieron a lo largo de ese ejercicio de forma «totalmente opaca».

Un partido «autoritario»

En su comparecencia al juez, adelantada por La Sexta y El Confidencial, Calvente explicó que inició su investigación interna que ahora denuncia junto con otra de las abogadas de Podemos que también fue despedida el pasado mes de diciembre, Mónica Carmona. Según dijo, ella fue una de las personas a las que trabajadores de la formación le relataban sus sospechas, personas que «están realmente asustadas» porque «Podemos es partido autoritario».

En el curso de esas pesquisas, señaló el abogado al juez, Pablo Manuel Fernández le llegó a decir que «están metiendo la mano en la caja de todos» y que no lo podían «permitir». «Todas las personas decentes del partido comienzan a ser purgadas por esta cuadrilla de gente que lo único que quiere es aprovecharse de sus cargos para abusar de este poder. Se han quedado cuatro que están controlado y protegiéndose a sí mismos», afirmó.

En un momento dado, el juez Escalonilla le preguntó si alguna vez vio alguno de esos contratos «simulados» que denuncia, pero contestó que no pudo ver «absolutamente nada» porque Carmona los pidió «pero se negaron a dárselos». Así, explicó que su investigación ha llegado hasta donde han podido, ya que luego fueron despedidos.

El exabogado de Podemos también relató al instructor la relación de Podemos con la cooperativa Kinema, fundada por el también dirigente del partido Rafael Mayoral y que se encarga desde 2014 de la asesoría laboral de la formación, incluidas la gestión de las nóminas.

Podemos, obligado «a contratar con Kinema»

Según Calvente, la vicepresidenta de esta empresa fue Rocío Val, ahora gerente de Podemos, y el partido está «obligado a contratar con Kinema para hacer las nóminas», un servicio que, según apuntó, está dirigido al «lucro propio» de Mayoral y el resto de personas vinculadas a ella.

El letrado también indicó que Mayoral es quien se encarga de gestionar la caja de solidaridad de Podemos, creada en 2018 y cuyos fondos proceden de las donaciones mensuales de cargos públicos estatales del partido.

En su declaración judicial, Calvente afirmó que había «gente» en el partido que empezó a comentar que «se estaban manejando fondos de esta caja de una forma totalmente opaca», para después reconocer que se trata de «una rumorología, unos comentarios a nivel de militancia e interno de la organización».

El coste de la sede, el doble de lo que se anunció

En cuanto a las obras de la nueva sede de Podemos, Calvente explicó al juez que el contrato de licitación que se anunció fue de casi 650.000 euros, pero que la adjudicación al arquitecto se publicó por más de 1,3 millones de euros.

Según dijo, Mónica Carmona solicitó información al respecto, pero que «no se sabe» por qué ocurrió así, pero que sospecha que las obras ya estaban licitadas de antemano y que se publicó un presupuesto inferior para que ninguna otra empresa optara al contrato.