El Defensor del Pueblo defiende la incorporación de fórmulas de “escolarización especializadas”

Francisco Fernández ha respaldado la educación especial y la libertad de centros en su Informe Anual de 2018

Para la atención educativa de los alumnos con necesidades físicas específicas, el Defensor del Pueblo defiende que, “sin merma de la inclusividad” en los centros ordinarios, se puedan incorporar fórmulas de “escolarización especializadas”.

Francisco Fernández, en su Informe de 2018, respalda la escolarización especializada “particularmente cuando los ajustes razonables no posibiliten” a los alumnos con necesidades especiales su escolarización ordinaria.

En su informe recalca haber “prestado total atención” a las necesidades específicas de este tipo de alumnos, abriendo una actuación de oficio para conocer las medidas que las administraciones van a adoptar en relación con las recomendaciones del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Según el Defensor, dicho comité, cuestiona la escolarización en centros de educación especial o aulas especiales, ya que los considera incompatibles con la convención. Asimismo, aún no ha obtenido respuesta sobre las actuaciones que efectuará el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad pese a haber preguntado ya por ello.

Quejas sobre la neutralidad ideológica de los centros

El año pasado, el Defensor, recibió quejas sobre la neutralidad ideológica de los centros en cuanto a espacios públicos, donde supuestamente no debe tener cabida ninguna forma de adoctrinamiento político.

En una comparecencia en el Congreso ya aseguró que «ni la libertad ideológica ni su concreción en las libertades de pensamiento y expresión ni la libertad de cátedra pueden justificar la presencia ni los actos de adoctrinamiento en el ámbito educativo».

En cuanto a las instalaciones y espacios, Francisco Fernández ha asegurado que «hay espacios y lugares más adecuados para este tipo de actos, y quienes los promueven o los autorizan y quienes tienen responsabilidades políticas y educativas, ya sea la Administración, las formaciones políticas, las asociaciones de cualquier índole o la comunidad educativa, deberían responsablemente planteárselo».

Por último, ha insistido en la “ineludible necesidad de obtener un Pacto de Estado por la Educación” para dotar a nuestro sistema de la estabilidad que necesita.