Tribuna libre de Miguel Ruano, estudiante de Derecho en la Universidad de Cádiz
¿Saben ustedes hasta cuándo estamos pagando impuestos en nuestra vida? Esa es la pregunta que nos lanzó el primer día el profesor de Derecho Tributario. La respuesta no fue menos curiosa, “señores, todos pagamos impuestos incluso una vez fallecidos”. Pues sí, cualquier fallecido es obligado tributario del periodo impositivo en el que fallece –el año natural en el que se produce el hecho-. Sus herederos están obligados a hacer al año siguiente la declaración de IRPF del fallecido, popularmente conocida como Declaración de la Renta, y pagar los impuestos que correspondan.
He querido traer esta anécdota suscitada en la Facultad de Derecho para hablar de polémico tema de los impuestos. Si bien es cierto que cualquier impuesto es impopular, todos debemos contribuir como dice nuestra Constitución en el Artículo 31 “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica…” El deber de contribuir afecta a toda la materia tributaria y es la base de nuestro Estado Social. Con nuestras contribuciones se pagan infraestructuras, servicios, pensiones, ayudas la dependencia… Por tanto, aunque nos parezcan injustos, nuestro Estado está montado en base a este principio y es esencial la aportación mediante impuestos.
Partiendo de la base que es esencial contribuir, quiero circunscribirme al papel que juega la esfera local en los tributos y la circunstancia que se produjo en 2008. La ciudad de Jerez de la Frontera revisó sus valores catastrales a instancia de su entonces Alcaldesa, doña Pilar Sánchez. Desde el primer momento diversos colectivos de la ciudad, asociaciones de vecinos, la oposición política en el Ayto, etc,, advirtieron de la desproporcionada ponencia de valores catastrales, y que como consecuencia de ello traería una subida generalizada de tributos, algunos dependientes del municipio –como IBI o Plusvalía- y otros de la Comunidad Autónoma, caso del -ITP, Sucesiones, Donaciones-. El equipo de gobierno no reaccionó para intentar reparar esa injusticia y rectificar sus decisiones. Lo que ocurrió no hizo más que constatar lo alejado que estaba dicho Equipo de Gobierno de la realidad de la ciudad y de sus ciudadanos.
En el punto opuesto de esa actitud tenemos lo que acaba de realizar el Equipo de Gobierno actual liderado por doña María José García-Pelayo, que ha conseguido una rebaja media del 27% para los valores catastrales de los inmuebles de los jerezanos. Esa cifra es también la media que se ahorraran los ciudadanos cuando paguen sus tributos, es decir, cuando compren, vendan, hereden, o donen bienes inmuebles. Ello demuestra que cuando se tiene voluntad se pueden hacer las cosas y no perjudicar a los ciudadanos. Ha actuado coherentemente con las demandas que realizó siendo oposición y ha gestionado convenientemente el asunto ante la Dirección General del Catastro dependiente del Ministerio de Hacienda.
Valorando positivamente esta actuación, encaminada a disminuir los valores catastrales y la repercusión sobre nuestros impuestos, hemos de resaltar qué sucede en cuanto a nuestra Administración Autonómica con el Impuesto de Sucesiones. En el caso de Andalucía, la «alta» presión fiscal que mantiene la Junta es un «freno» para la economía andaluza. Es una doble tributación clarísima, porque se está penalizando un patrimonio que pertenece a la familia y que quien lo ganase en su día ya pagó los impuestos correspondientes por él. No es de recibo, por ejemplo, que un hijo tenga que volver a pagar por lo que tributó su padre, porque lo que correspondería sería que pudiera disfrutar del fruto del trabajo de su progenitor. Cualquiera que herede en Andalucía va a restar muchos ceros a su herencia. Esta clara situación de injusticia hace que estemos ante un impuesto que a mi juicio debería replantearse. Un ejemplo claro de esta aberración es el caso de joven de 30 años que hereda de su padre 400.000 euros, incluida una vivienda. En Andalucía pagaría en torno a 100.000 euros que puede ser que ni siquiera tenga en “cash”. En Madrid pagaría sólo 300€, y en la zona intermedia estarían Galicia (28.000 euros), Baleares (8.000).