El Puente de la Pepa o de los "delitos"
Se pensó invertir 304 millones y la cifra final casi llega a los 500 millones con un retraso de más de seis años
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas considera que en la ejecución de las obras del "Puente de la Constitución de 1812" inaugurado en la Bahía de Cádiz en 2016 no sólo hubo infracciones contables que estudiará la institución fiscalizadora, sino también indicios de delitos que habrá que investigar en la jurisdicción penal.
Así lo ha apreciado el fiscal tras una investigación preliminar derivada del informe que el Tribunal de Cuentas hizo público el pasado mes de enero, en el que ya se detectaron varias irregularidades en ese proyecto, presentado en su día como el segundo puente más alto del mundo, por delante del Golden Gate de San Francisco.
"Una obra de ingeniería de talla mundial", lo definió el presidente Mariano Rajoy cuando se inauguró en 2016 junto con la presidenta de la Junta de Andalucía, la socialista Susana Díaz. Pero el proyecto había arrancado mucho antes, con el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y siendo ministra Magdalena Álvarez.
Las obras del Puente de la Constitución de 1812 duraron ocho años y para su construcción se emplearon más de 100.000 metros cúbicos de hormigón y 70.000 toneladas de acero. Con 3.092 metros de longitud y una altura de 185 metros, fue considerado como una de las infraestructuras más importantes de Europa de los últimos años.
Fue a principios de este año cuando el Tribunal de Cuentas dio a conocer su informe de fiscalización del proyecto, desde 2007 hasta 2017, y allí ya se detectó que aunque las obras se adjudicaron por un importe de 272,91 millones de euros y un plazo de ejecución de 41 meses, al final se tardaron 117 meses y el coste se elevó a los 460,60 millones, lo que supone un incremento del 68,5%.
Es más, la previsión inicial del conjunto del proyecto de inversión, que incluía, además de las obras propiamente dichas, los contratos de servicios vinculados, expropiaciones y otros gastos, se fijó en 304,08 millones en los Presupuestos Generales de 2007, y sin embargo la inversión total acumulada (obligaciones reconocidas) llegaba en 2018, último año de ejecución presupuestaria, a los 490,20 millones. Es decir, hubo una variación del 61,2% sobre las previsiones (186,11 millones euros).
En su informe, recogido por Europa Press, ya se hablaba de deficiencias en contratos menores, "ausencia de una coordinación eficaz" entre las distintas unidades de la Dirección General de Carreteras y una "escasa eficacia de los controles internos" durante la obra.
"La gestión de los contratos para la ejecución de la obra del Puente de Cádiz no se ha supeditado a las previsiones presupuestarias iniciales, sino que, a la inversa, estas se fueron ajustando a las exigencias evolutivas de la obra", subraya el informe.
El Ministerio Público, que está al tanto de los informes de fiscalización, decidió profundizar en esto y su conclusión es que efectivamente hay indicios de responsabilidades contable, por lo que la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas abrirá un procedimiento para determinar a quién corresponden esas responsabilidades y, en su caso, reclamar la devolución del dinero público mal empleado.
Pero es que, además, y según fuentes de la institución que preside María José de la Fuente, la fiscalía del Tribunal de Cuentas ha apreciado indicios de delitos tipificados en el Código Penal, por lo que el caso se derivará a la jurisdicción penal, ya sea en Andalucía o, como las obras se financiaban vía Presupuestos Generales del Estado, en la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo. Para determinar a quién se remiten las diligencias, el fiscal ha pedido más datos a la Sección de Fiscalización responsable del informe.
