La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha ordenado el traslado de seis internos relacionados con la banda terrorista ETA. Entre todos estos etarras se encuentra un condenado por el atentado contra la casa-cuartel de Santa Pola; donde murió una niña.

Además, también destaca el histórico dirigente de ETA Antonio Troitiño Arranz, condenado por una veintena de asesinatos y que fue entregado por Reino Unido en 2017.

Según ha informado el organismo dependiente del Ministerio del Interior, Andoni Otegi Eraso, alias ‘Ioso’, pasa del centro penitenciario de Almería al de Logroño. Ingresó en prisión el 17 de octubre de 2008 y cumple una condena de 30 años por los delitos de atentados, estragos, depósito de armas y municiones, y robo de vehículo. Cumplirá las tres cuartas partes de la condena en abril de 2031.

Junto a Óscar Celarain Ortiz, ‘Peio’, fue condenado en 2012 a 843 años de cárcel por ser los autores del atentado contra la casa-cuartel de Santa Pola (Alicante); que ETA perpetró el 4 de agosto de 2002, matando a una niña de seis años, y a Cecilio Gallego Alaminos, de 57. La condena les atribuyó otros 51 asesinatos en grado de tentativa y un delito de estragos terroristas.

Según Interior, Andoni Otegi Eraso – condenado también por el asesinato del concejal de UPN José Javier Múgica Astibia en 2001–, «acepta la legalidad penitenciaria y ha manifestado su intención de hacer frente a su responsabilidad civil».

La condena impuso indemnizaciones de 211.768 euros a los padres de la niña asesinada, así como con 75.539 a la familia del hombre; que murió cuando se encontraba en una parada de autobús situada junto al acuartelamiento. También fijó en nueve millones de euros el coste en compensación al Estado.

A propuesta de la junta de tratamiento del centro almeriense, el interno mantiene su clasificación en segundo grado y será trasladado al centro penitenciario riojano.

Antonio Troitiño Arranz, un histórico de la banda terrorista

El histórico Antonio Troitiño Arranz es otro de los acercados. Será trasladado del centro penitenciario Madrid VII-Estremera a la prisión de Soria. Ingresó en prisión el 5 de mayo de 2017, tras un largo litigio para su entrega desde Reino Unido. Así, tiene una condena de cinco años, once meses y 29 días por el delito de pertenencia a organización terrorista.

‘Antxon’ fue condenado en 2018 por la Audiencia Nacional por reintegrarse en ETA en 2011, cuando salió de prisión tras cumplir 24 años por 22 asesinatos. Troitiño, miembro del sanguinario ‘comando Madrid’ en los años de plomo, se fugó a Londres y no fue entregado a España hasta la cuarta petición.

A propuesta de la junta de tratamiento del centro madrileño, la Secretaría General ha resuelto aplicarle el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a su clasificación en primer grado y su traslado al centro penitenciario soriano. Troitiño cumplirá las tres cuartas partes de la condena en mayo de 2021.

Aitzol Maurtúa Eguren pasa, por su parte, de la cárcel de Huelva a la prisión de Dueñas, en Palencia. Ingresó en prisión el 14 de junio de 2002 y cumple una pena de 20 años por pertenencia a banda armada; tenencia de explosivos; tenencia de armas sin licencia y falsedad en documento público.

Cumplió las tres cuartas partes de la condena en junio de 2017 y, según Interior, acepta la legalidad penitenciaria. Por ello, la Secretaría General ha resuelto aplicarle el principio de flexibilidad del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a su clasificación en primer grado.

Delitos de sangre de otros miembros de ETA

Interior también aprueba el traslado de Víctor Franco Martínez del centro penitenciario de Huelva al centro penitenciario Madrid VII-Estremera. Ingresó en prisión el 12 de octubre de 2002 y cumple una condena de 20 años por los delitos de asesinato e incendio.

Este preso de ETA es uno de los condenados por intentar asesinar a dos agentes de la Ertzaintza el 5 de agosto de 2001 en la localidad de Portugalete (Vizcaya) mediante un ataque con ‘cócteles molotov’.

Cumplió las tres cuartas partes de la condena en noviembre de 2017. La Secretaría General ha resuelto aplicarle el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a su clasificación en primer grado. Además, a propuesta de la junta de tratamiento del centro de Huelva, su traslado al centro penitenciario madrileño.

Trasladados desde prisiones de Cádiz

Mikel Arrieta Llopis deja la cárcel de Algeciras para ingresar en la de Soria. Ingresó en prisión el 19 de enero de 2000 y tiene una pena de 30 años por los delitos de asesinatos, atentados y receptación y utilización ilegítima de vehículos a motor. Cumplió las tres cuartas partes de la pena en julio de 2020.

Según Interior, «acepta la legalidad penitenciaria y se ha desvinculado de la banda terrorista»; de ahí que la junta de tratamiento de la prisión gaditana propusiera la progresión del interno a segundo grado y su traslado a la prisión castellanoleonesa.

Agustín Almaraz Larrañaga, el último etarra acercado, pasa de Puerto I en Cádiz a Madrid VII-Estremera. Ingresó en prisión el 29 de diciembre de 1995 y cumple una condena de 30 años por terrorismo, asesinatos y atentados. Cumplió las tres cuartas partes de la pena en noviembre de 2014.

La Secretaría General, a propuesta de la junta de tratamiento de la prisión gaditana, ha resuelto aplicarle el principio de flexibilidad del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a su clasificación en primer grado y su traslado al centro penitenciario madrileño. Fue condenado a 48 años por el asesinato de Emilio Castillo López de la Franca en 1993, así como el de Ángel María González Sabino o el de Rafael Leiva Loro y Domingo Durán.

Un miembro de ETA condenado a 74 años no entrará en la cárcel

El miembro de ETA Ignacio Bilbao Beascoechea, alias Iñaki de Lemona, se ha librado de entrar en prisión, a pesar de que la Audiencia Nacional le acabe de condenar a una pena de 74 años de cárcel.

Iñaki de Lemona, miembro de ETA, condenado a 74 años de cárcel, no entrará en la cácer

La pena ha sido impuesta por el atentado de 1983 en Villafranca de Ordicia (Guipúzcua), donde asesinaron a un Guardia Civil e hirieron a otros dos de gravedad.

Esto se debe a que se fija el límite de cumplimiento de las anteriores penas en 30 años. Así, se acumula esta nueva condena a las penas ya acumuladas en el auto de 14 de diciembre de 2014 dictado por la Sección Segunda de la Audiencia Nacional; cuya condena ya ha sido extinguida por el acusado.

En la sentencia conocida este jueves, los magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Penal imponen no obstante una pena a Bilbao de 30 años de cárcel por un delito de atentado contra miembros de la seguridad del Estado en acción terrorista; con la agravante de premeditación, y otras dos penas de 22 años por sendos delitos de asesinato frustrado.

ETA perpetuó el atentado el 2 de febrero de 1983

Los hechos probados relatan que el acusado durante 1983 formaba parte de uno de los ‘taldes’ del comando Goierri Costa de la banda terrorista ETA. La zona de actuación del comando se centraba en la provincia de Guipúzcoa y algunas zonas de Álava y Navarra.

El día 2 de febrero de 1983, Bilbao y los otros integrantes del mencionado comando, habiendo recibido la información recabada por José Miguel Latasa Guetaria –condenado por estos hechos– sobre los movimientos de vehículos del cuartel de la Guardia Civil de Villafranca de Ordicia y los puntos desde donde sería factible realizar un ataque con lanzagranadas, se reunieron en Zaldivia, aproximadamente a 4 kilómetros de Villafranca de Ordicia.

Provistos de fusiles ametralladores tipo Cetme o G-3 y dos lanzagranadas se dirigieron repartidos en dos vehículos a las proximidades del punto elegido para atacar los coches patrulla que salieran del cuartel. Una vez allí, continúa la resolución, estacionaron sus vehículos. Seguidamente se emboscaron manteniendo la visibilidad sobre el cruce existente en el Km. 422’5 de la carretera N-1 de Madrid a Francia por Irún.

Formando dos grupos se situaron en puntos diferentes, uno desde el lado izquierdo de la carretera de acceso al cuartel, y el otro desde la ladera frontal próxima a la carretera N-1.

Cuando observaron que dos automóviles de la Guardia Civil llegaron a la intersección de las carreteras y se detuvieron para ceder el paso a los vehículos que circulaban por la carretera N-1, dispararon dos granadas contra estos vehículos.

Etarras implicados

Una de ellas fue lanzada por Pedro José (o María) Picabea Ugalde, también condenado por estos hechos, encargándose el acusado Ignacio Bilbao de introducir las granadas en el lanzagranadas.

Acto seguido, ametrallaron con fuego cruzado desde cada uno de los dos automóviles a los agentes de la Guardia Civil; quienes trataron de repeler la agresión disparando con las armas reglamentarias que portaban.

A consecuencia de las explosiones y los disparos falleció el guardia civil Miguel Mateo Pastor. Además, resultaron heridos los agentes José Luis Bueno Fernández y Custodio Contreras La Rosa.

Después de analizar la prueba practicada en la vista oral, los magistrados consideran relevante para la culpabilidad del acusado el testimonio de José Miguel Latasa Guetaria.

En su declaración indagatoria en 1996 ratificada en el juicio oral, afirmó que Iñaki Bilbao formaba parte de ese comando y que participó en la ejecución de los hechos.