La decisión de que sean el PSOE y Unidas Podemos los que impulsen en el Congreso la reforma para cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a través de una proposición de ley evitará al Gobierno los informes de órganos consultivos que se exigen en los anteproyecto de ley que treamita el Consejo de Ministros.

Así, una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial por la vía del proyecto de ley obligaría al Gobierno de PSOE y Podemos tener que pedir informes al Consejo de Estado, al Consejo Fiscal y al propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Sin embargo, al tomar la iniciativa los grupos parlamentarios que forman parte del Gobierno y tramitarse la reforma vía proposición de ley; ya no son necesarios esos informes consultivos y, según los socialistas, podría estar aprobada en tres meses.

Basta con la conformidad del Gobierno

Tras su calificación por la Mesa del Congreso, la iniciativa de los grupos parlamentarios sólo necesitará la conformidad del Gobierno para su debate: en concreto, dispondrá de un máximo de 30 días para certificar que esa reforma no tiene efectos presupuestarios, único motivo para los vetos del Gobierno.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, afirmó el pasado martes que el Ministerio de Justicia y el Grupo Socialista ya estaban trabajando en la reforma. La cual se encontraban en la fase de «conversaciones discretas» con el resto de fuerzas. Además dejó clalro que, en todo caso, la harían sin prisa, y tomándose el tiempo que haga falta.

Es más, aseguró que no podía «ser fruto de un debate acalorado»; sino que tenía que llegar «tras un estudio pausado, mucho debate y mucho diálogo, y con todo el consenso posible». «No queremos tomar decisiones precipitadas», afirmó.

No obstante, Montero no detalló entonces los plazos que manejaban, ni la fórmula por la que se decantarían. Aunque finalmente, será la de la proposición de ley, registrada este mismo martes en el Congreso por los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos.

Casado avisa que llevará a Sánchez al Tribunal Constitucional y Europeo si es necesario

El líder del PP, Pablo Casado, ha avisado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que su formación recurrirá al Tribunal Constitucional y a las instituciones y tribunales europeas si el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos «perpetra un atropello a la legalidad» para rebajar la mayoría parlamentaria y poder renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

«No lo permitiremos», ha afirmado en un tono enfadado Pablo Casado. Todo después de que los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos hayan registrado una proposición una ley orgánica para reformar el sistema de elección del CGPJ con el objetivo de sortear el «bloqueo» del que acusan al PP.

Acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de «liquidar la separación de poderes»

El presidente del PP ha confirmado esa línea de actuación de su formación a través de su cuenta oficial de Twitter. Así, ha acusado al presidente del Gobierno de «pretender liquidar la separación de poderes en pleno ataque a la independencia judicial de su vicepresidente investigado»; en alusión a Pablo Iglesias y el ‘caso Dina’, tras pedir el juez al Tribunal Supremo que lo investigue.

Casado ha dejado claro que su partido no permitirá que el Gobierno siga adelante con esa reforma legal para renovar el CGPJ. «Si perpetran este atropello a la legalidad, recurriremos al Tribunal Constitucional y a las Instituciones y Tribunales Europeos», ha confirmado.

Los jueces claman ante la proposición no de ley anunciada por el Gobierno

La reforma ‘exprés’ para modificar la ley actual de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se plantea con la proposición de ley anunciada este martes por los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos, ha sido recibida con críticas tanto en el seno del órgano de gobierno de los jueces como en la mayoría de las asociaciones –que lo califican de «inconstitucional»– a excepción de Juezas y Jueces por la Democracia que lo ven como alternativa al bloqueo actual.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) –mayoritaria– se muestra contraria a esta reforma. Su portavoz Manuel Almenar ha señalado en declaraciones a Europa Press que es una modificación «abiertamente inconstitucional».

Según Almenar infringe lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución que fija las mayorías cualificadas necesarias en las cortes.

Además, añade que la vía de la proposición de ley también «plantea serias dudas de inconstitucionalidad»; porque al evitar el cauce del proyecto de ley se eluden trámites preceptivos como son los informes del CGPJ, de la Fiscalía General del Estado o del Consejo de Estado, «algo básico en la cuestión».

Almenar ha explicado por otro lado que no se puede plantear una reforma del sistema de nombramientos y que ésta tenga carácter retroactivo. En este sentido, ha recordado al Gobierno que el proceso de renovación del órgano se inició hace dos años. Ha añadido que las reformas son a futuro, no sobre procesos iniciados.

«Tenemos la certeza de que es inconstitucional y mostramos nuestro absoluto rechazo», ha apuntado; para luego vaticinar que generará una reacción por parte de organismos europeos. «Una infracción de los valores que inspiran la Unión Europea tiene sus consecuencias, y ha llevado a avisos de expulsión a países como Polonia o Hungría», ha añadido.

«Es un despropósito»

Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), su portavoz Jorge Fernández Vaquero ha sido tajante también al apuntar que la reforma de esta ley orgánica es un «despropósito» y va «en sentido contrario a las recomendaciones que se hacen desde Europa para fortalecer el Estado de Derecho».

En junio de este año el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, advirtió de la falta de independencia judicial si no se modificaba el sistema de elección de vocales actual.

Por eso desde el Foro Judicial Independiente (FJI) insisten en que lo que se debe hacer es cumplir con esas recomendaciones y volver al sistema mixto de designación, en el que parte de los vocales sean elegidos en el seno del Poder Judicial.