Negocian un nuevo convenio contra los desahucios en casos de emergencia social
La consejera Marifrán Carazo lamenta la falta de aplicación del actual por parte de los anteriores gobiernos y anuncia la elaboración de un manual para su puesta en marcha
La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha anunciado que se está trabajando con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un nuevo convenio de colaboración frente a los desahucios después de la "nula aplicación" del actual, que se firmó en marzo de 2016 sin que haya ejecutado en la práctica.
Marifrán Carazo ha lamentado en la Comisión de Fomento del Parlamento de Andalucía que, pese a las "buenas palabras" de inicio, los anteriores gobiernos andaluces "nunca hayan desarrollado ni hayan puesto en marcha esos procedimientos de funcionamiento de los órganos implicados en el procedimiento" y con los que se comprometieron en el convenio firmado con el Poder Judicial y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) en 2016.
Esta situación ha dificultado su aplicación, que a día de hoy ha sido nula. "Sólo ha sido una declaración de intenciones", ha manifestado la consejera.
El nuevo convenio, que se está elaborando de manera conjunta con el CGPJ, incorporará la normativa vigente, y en última instancia, ofrecerá soluciones a las personas con vulnerabilidad que se puedan ver afectadas por un desahucio ya sea por ejecución hipotecaria o por impago de alquiler en los supuestos de vulnerabilidad.
También pretende reforzar la suspensión de los lanzamientos en casos de emergencia social y consolidar el Código de Buenas Prácticas de las entidades financieras. "Una vez que esté consensuado con el CGPJ se procederá a su tramitación para su firma", ha remarcado la consejera.
Si bien la normativa estatal establece la suspensión de los lanzamientos de los colectivos mas desfavorecidos en caso de impago de hipotecas, es fundamental articular los mecanismos de comunicación necesarios para que cuando un juzgado ordene un lanzamiento, comunique a los servicios sociales si estas familias se encuentran una situación de vulnerabilidad.
En esos supuestos, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio informa y asesora sobre los recursos disponibles, ya sean ayudas al alquiler o, en su caso, el acceso a una vivienda social en determinadas circunstancias.
Para su correcta aplicación, la Consejería está trabajando un manual de procedimiento que permita establecer los cauces de comunicación y colaboración necesarios entre la autoridad judicial, los Servicios Sociales Comunitarios y los ayuntamientos. Este manual, pese a ser clave para cumplir con los objetivos del convenio, nunca se había desarrollado hasta la actualidad.
La Secretaría General de Vivienda ha mantenido ya varios encuentros con los Servicios Sociales Comunitarios, dependientes de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, para conocer sus funciones e incorporarlas a este manual de trabajo, que contará igualmente con las aportaciones del Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento Integral en materia de Desahucios.
