Pedro Sánchez elige a la ex-ministra del PSOE para controlar la Fiscalía General

Con el nombramiento de Dolores Delgado, Pedro Sánchez podrá controlar la ejecución de la sentencia del ‘procés’

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propondrá el nombramiento de la hasta hoy ministra de Justicia Dolores Delgado como nueva Fiscal General del Estado.

Ello supone una decisión sin precedentes que permitirá a esta última saltar directamente del Ejecutivo a la cúpula del Ministerio Público, donde podrá controlar, entre otros asuntos, la fase de ejecución de la sentencia del ‘procés’ independentista en Cataluña al dirigir la labor de los fiscales del caso, en fase de ejecución tras dictarse la sentencia por sedición.

Delgado sustituirá en el cargo a María José Segarra, si bien su llegada a la Fiscalía General no es automática y deberá ser precedida de ciertos trámites que detalla tanto la Constitución como el Estatuto del Ministerio Fiscal.

Según ambas normas, Delgado deberá ser nombrada por el Rey una vez oído el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y previa valoración de su idoneidad por la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados.

Ambos trámites se dirigen a chequear si el candidato cumple con determinados trámites formales, como ser jurista de reconocido prestigio con al menos quince años de ejercicio efectivo de su profesión, y no tienen capacidad real de vetar la decisión del Gobierno.

Una vez éstos pasos se cumplimenten, Delgado pasará directamente a dirigir el Ministerio Público, donde prima el principio de jerarquía. Y lo hace tras ocupar un puesto en el Gobierno desde el que dirigió la acción de la Abogacía del Estado, que en la causa del ‘procés’ se ha venido posicionando de forma discrepante a los criterios de los cuatro fiscales del caso: cambiando la petición de condena de rebelión por la de sedición -que fue la que obtuvo el aval del tribunal-, e informando después a favor de que el ex líder de ERC, Oriol Junqueras pudiera cumplimentar los trámites para ejercer de europarlamentario.

La posición de la Fiscalía en este asunto podría cambiar, ya que la elección de Delgado por Sánchez parece obedecer al objetivo de superación de la «deriva judicial» del conflicto independentista en Cataluña al que se comprometió presidente del Gobierno en el debate de investidura.

De hecho, el acuerdo pactado entre el PSOE y ERC subraya expresamente el «reconocimiento del conflicto político y la activación de la vía política para resolverlo». «Solo puede resolverse a través de cauces democráticos, mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo, superando la judicialización del mismo», dice este documento.

Tocada por el ‘caso Villarejo’, Delgado se definió en su toma de posesión como ministra en julio de 2018 como una «fiscal de trinchera» y prometió ser una «ministra de trinchera», si bien su paso por el Ministerio no ha logrado el apoyo mayoritario de los miembros de la carrera judicial y fiscal.

Las asociaciones judiciales, incluso la Unión Progresista de Fiscales (UPF) de la que la aún hoy ministra formó parte, han participado en movilizaciones contrarias a algunas de sus decisiones y en varias ocasiones han criticado duramente su gestión.

Delgado nació en Madrid en 1962 y hasta su entrada en el Ejecutivo la pasada legislatura ejercía de fiscal coordinadora contra el yihadismo en la Audiencia Nacional. Ingresó en dicho órgano en 1993 y desde entonces su labor se centró en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo etarra y, posteriormente, yihadista, en el que se especializó tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

Cuenta con experiencia en el Tribunal Penal Internacional, donde ejerció como fiscal a partir de 2011 y preparó la documentación de la orden de arresto contra el fallecido dictador libio Muamar Gadafi para juzgarle por crímenes contra la Humanidad. Criticó duramente los recortes y práctica desaparición de las causas de este tipo en la Audiencia Nacional a cuenta de las reformas del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y del PP, si bien el Gobierno de Sánchez ha prometido revertir esta situación.

Durante los últimos meses, el Ministerio que ha dirigido ha realizado numerosos actos para «sacar de la fosa de la desmemoria», como la propia Delgado explicó, al exilio republicano, con motivo de su 80 aniversario. También se ha centrado en la recuperación y reparación de la dignidad de las víctimas del franquismo.

Todo ello en el marco de la Dirección General de la Memoria Histórica, que ha dependido de su departamento y que ahora pasa a estar en manos de la Vicepresidencia de Carmen Calvo bajo el nombre de Memoria Democrática. Con su creación se ha dado impulso a las iniciativas relacionadas con la Ley de Memoria Histórica de 2007, que marcaba como principal reto exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos que concluyó el pasado 24 de octubre.

Sus inicios en el Ministerio de Justicia se vieron perjudicados tras la difusión –dos meses después de tomar posesión– de unas grabaciones de una conversación que tuvo lugar en 2009 en el restaurante Rianxo de Madrid, entre el comisario jubilado José Manuel Villarejo (en prisión provisional desde hace dos años) y Delgado, que acudió al encuentro acompañando al ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para celebrar la medalla al mérito que habían concedido al expolicía.

Delgado aseguró que los audios publicados estaban manipulados, pues eran «trocitos solapados, puestos y pegados» y negó haber mantenido alguna «cita en ningún aspecto profesional» con el excomisario. Desde su actual posición deberá dirigir la acción de la Fiscalía Anticorrupción en este asunto, una causa compleja con una veintena de piezas separadas y especialmente delicada por su incidencia en sectores del mundo policial, mediático y empresarial españoles.

Otra de sus decisiones en Justicia más criticadas fue la tardanza de la hasta ahora responsable de Justicia en amparar al magistrado del Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del ‘procés’ en la demanda civil que presentó el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont contra él ante la justicia belga para que el Congreso y el Senado la reprobaran.

Magistrados del Tribunal Supremo han recibido con «sorpresa» y cierta incredulidad la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de proponer a la exministra Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado, en sustitución de Maria José Segarra. En la mayor parte de los casos se califica la elección de «desafortunada» y «polémica» al suponer un salto directo desde el Ejecutivo a la cúpula del Ministerio Público.

Otros auguran choques con los cuatro fiscales del ‘procés’ respecto a los criterios para gestionar la ejecución de la sentencia que condenó por sedición a los líderes independentistas catalana y tambien de cara a futuros procesos, como los que afectan al expresident de la Generalitat huido en Bélgica Carles Puigdemont y al actual president Quim Torra.

Se refieren a la circunstancia de que la Fiscalía sea la encargada de decidir, por ejemplo, la procedencia o no de un eventual recurso en el caso de que se decida una progresión de grado de los presos por sedición que se encuentran en Cataluña. También deben elaborar informes en relación con la situación del expresident procesado huido en Bélgica Carles Puigdemont o con la decisión de la Junta Electoral que retiró la acreditación como diputado del actual president Quim Torra, pendiente aún de resolución en el alto tribunal.

Por ello, algunos magistrados auguran futuros enfrentamientos con los denominados fiscales ‘indomables’-Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno- que han actuado en este proceso defendiendo a capa y espada su criterio inicial de acusar por rebelión y oponiéndose con dureza a cualquier salida de prisión de los condenados, incluso tras la sentencia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que reconoció la condicion de europarlamentario del líder de ERC en prisión Oriol Junqueras.

RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS EN FISCALÍA

Para el caso de futuras discrepancias, las mismas fuentes aluden al artículo 27 del Estatuto Fiscal, que permite a los fiscales que estimen improcedentes las órdenes de sus superiores hacérselo saber mediante informe razonado y acudir a la junta de la Fiscalía si las instrucciones le siguen pareciendo insatisfactorias. Esta consulta se hará a la Junta de Fiscales de Sala (la cúpula de la Carrera) si la orden procede del fiscal general.

Otras fuentes consultadas reprochan la ausencia de «categoría órgánica ni doctrinal» de Delgado para doblegar a los denominados ‘indomables’ en el caso de existir valoraciones discrepantes, y recuerdan el «desamparo» en el que la ministra Delgado dejó al instructor de la causa, Pablo Llarena, por su tardanza en ofrecerle a la Abogacía del Estado para hacer frente a la demanda civil que le presentó Puigdemont en Bélgica.

También reprochan los magistrados el momento del anuncio, pocas horas antes de que tomara posesión de su cargo su sucesor en el ministerio de Justicia, Juan Carlo Campo, y especialmente el «lastre» que supone que el jefe del Ejecutivo no haya encontrado oro lugar para buscar nuevo fiscal general que su propio equipo de ministros.

EL ANTECEDENTE DE MOSCOSO

Apuntan el antecedente de Javier Moscoso, designado fiscal general en 1986, nada más concluir la legislatura en la que fue ministro de la Presidencia, cuya validación por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un trámite que en la práctica totalidad de ocasiones es automático, originó una agrio debate en el órgano de gobierno de los jueces. El CGPJ se dividió respaldando al candidato por 13 votos frente a 6 y uno en blanco.

En dicha ocasión discrepantes esgrimieron que elegir una persona que ha ocupado un puesto en el Ejecutivo podría derivar en una excesiva inclinación del designado a vincularse a la política del Gobierno.

Otros de los consultados por Europa Press se muestran confiados en que Delgado, a quien valoran como fiscal que se pone al frente de la Carrera, supere este «laste» inicial y se coloque al nivel de Segarra, de quien destacan el nivel de autonomía que ha dado a los fiscales a su cargo.

En otros ámbitos como es el Tribunal Constitucional las fuentes consultadas por Europa Press subrayan que la designación de Delgado es un reconocimiento del hecho de que el puesto de fiscal general es un cargo de la entera confianza del presidente del Gobierno, y no del ministro de Justicia, además de un ascenso en este caso. En la práctica, apuntan las fuentes citadas, el Gobierno tendrá dos Ministros de Justicia, uno para los jueces, el magistrado Campo con sede en la calle San Bernardo de Madrid, y otro para los fiscales, en el palacio de Fortuny.

Otros consultados insisten en lo desafortunado de la elección de cara a la imagen de independencia que debe conllevar el Ministerio Público. «Hará reales las palabras de Sánchez, cuando en una entrevista aludió a que la Fiscalía podría tener dependencia directa del Gobierno». Se refieren también estas fuentes al caso diferente de los jueces, pues «alguno ha sido apartado de un caso por mucho menos, por su relación por ejemplo con una fundación vinculada a un partido político», en clara alusión al juez de la Audiencia Nacional Enrique López por dar conferencias en FAES.

En todo caso, concluyen, deberá dejarse trabajar a Delgado antes de hacer un diagnóstico definitivo de lo que supondrá su nombramiento, porque además los cargos «vienen y van» pero los miembros de la Fiscalía «permanecen».