Sánchez e Iglesias firman un acuerdo para gobernar España juntos

Podemos formará parte por primera vez en su historia en un nuevo Gobierno de coalición de carácter progresista

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, han alcanzado el lunes un principio de acuerdo para desbloquear la formación del Gobierno y el martes se han citado en el Congreso de los Diputados, donde han ratificado bajo firma las bases para un gobierno de coalición progresista.

Ambos líderes estuvieron hablando a lo largo del día del lunes y lograron alcanzar un principio de acuerdo que este martes por la tarde ha sido anunciado por ambos en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. El documento firmado trae las bases de un gobierno progresista, con un acuerdo para cuatro años, según ha adelantado el propio Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno en funciones y el líder de Unidas Podemos han realizado una declaración conjunta en el Congreso de los Diputados. Los dos políticos han anunciado así el preacuerdo para formar gobierno al que han llegado en las conversaciones secretas que han mantenido desde el día después de las elecciones por la tarde.

El principio de acuerdo se ha alcanzado en menos de 48 horas desde las elecciones generales del pasado domingo. El objetivo de esta comparecencia, según fuentes de Podemos, es descargar de presión la negociación para que no se dé un escenario similar al del pasado mes de mayo. A

El PSOE ha buscado alcanzar un Gobierno de carácter progresista «cuanto antes, sí o sí». Para los socialistas «no cabe otra alternativa» que el acuerdo con Podemos, y rechazan la posibilidad de una «coalición» con el Partido Popular. Su secretario de Organización, José Luis Ábalos, manifiesta que no piensan en la abstención del PP: «No cabe esperarlo, su margen es muy escaso, por cercanía en escaños de la ultraderecha y por lo que han manifestado no lo van a hacer, no merece la pena seguir insistiendo».

El preacuerdo incluye un decálogo con los ejes prioritarios de la actuación de ese Gobierno progresista de coalición y que, además de atender a la crisis en Cataluña, se centrará en «consolidar el crecimiento y la creación de empleo»; «combatir la precariedad del mercado laboral y garantizar trabajo digno, estable y de calidad».

Trabajará también por la regeneración y la lucha contra la corrupción. Protegerá los servicios públicos, especialmente la educación incluyendo el impulso a las escuelas públicas de 0 a 3 años, la sanidad pública y a la atención a la dependencia; revalorizará las pensiones conforme al coste de la vida; asegurará la vivienda como derecho y no como mera mercancía; apostará por la ciencia como motor de innovación tecnológica; recuperará talento emigrado y controlará la extensión de las casas de apuestas.

Otro de los ejes de actuación será la lucha contra el cambio climático, buscando que la transición ecologica se haga de manera justa, protegiendo la biodiversidad y garantizando un trato digno a los animales.

El Gobierno progresista trabajará también para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos; impulsar la reindustrialización y el sector primario, así como el impulso digital.

También se comprometen con la aprobación de nuevos derechos que profundicen el reconocimiento de la dignidad de las personas como el derecho a una muerte digna, a la eutanasia, la salvaguarda de la diversidad y el reconocimiento de España como un país de memoria y dignidad.

Otro de los ejes de actuación será asegurar la cultura como derecho y combatir la precariedad en el sector; fomentar el deporte como garantía de salud, integración y calidad de vida.

Las políticas feministas suponen otro ámbito de actuación prioritaria. El acuerdo habla de garantizar la seguridad, la independencia y la libertad de las mujeres a través de la lucha decidida contra la violencia machista, la igualdad retributiva, el establecimiento de permisos de paternidad y maternidad iguales e instranferibles, el fin de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la elaboración de una ley de igualdad laboral.

El preacuerdo se compromete también a «revertir la despoblación» y dar un «apoyo decidido a la llamada España vaciada» y a ejercer la justicia fiscal y el equilibrio presupuestario porque «la evaluación y el control del gasto público es esencial para el sostenimiento de un Estado del bienestar sólido y duradero».