El PSOE, Adelante El Puerto y UP llevan al juzgado el “caso Serrano”
Los tres partidos de izquierda presentan una demanda judicial por lesividad económica a la empresa y al propio ayuntamiento
Los tres partidos de izquierda que conforman la mayoría de la oposición (junto a VOX), han presentado ante los medios de comunicación la interposición de la demanda judicial de impugnación de los acuerdos del Consejo de Administración de El Puerto Global con relación a la contratación del gerente, al entender que se ha realizado “de manera abusiva por una mayoría en beneficio de un tercero y provocando una lesividad económica tanto a la empresa municipal como al propio Ayuntamiento”.
La consejera de El Puerto Global y concejala del PSOE, M ª Eugenia Lara, junto al portavoz socialista Ángel M ª González y Javier Buendía como consejero de la empresa pública, así como con los portavoces de Adelante El Puerto y Unión Portuense, Alejandro Gutiérrez y Javier Botella, ha informado de la demanda judicial, indicando que “el Partido Popular nos amenazó con llevarnos al juzgado, pero no le va a hacer falta, porque ya los hemos llevado nosotros”.
Lara ha explicado que “ésta es la única vía que nos han dejado después de contratar a un gerente saltándose la ley y que va a tener un coste, entre lo que le pagarán por readmitirlo y el coste salarial de cerca de 600.000 euros en los 4 años de mandato, en detrimento de las arcas públicas y que además ha sido impuesto de manera abusiva y saltándose el anterior acuerdo, que es firme, de no volver a contratarlo”, y recuerda que “dado el carácter de dicho acuerdo, solicitamos la celebración de la Junta General de la empresa, máximo órgano para la toma de decisiones, donde quedó revocado el acuerdo”.
No obstante, como lamenta la consejera y concejala del PSOE, “desde el Partido Popular y Ciudadanos, con el alcalde Germán Beardo a la cabeza como presidente de la Junta General y con el presidente de El Puerto Global Javier Bello como brazo ejecutor, se han saltado el acuerdo de la Junta General, pues ni lo han comunicado al Tribunal Supremo ni lo han cumplido”.
Por ello, y una vez agotadas las vías políticas, “no ha quedado más remedio que acudir a la vía judicial”, afirma Lara, quien avanza que desde el Partido Socialista se está estudiando la posibilidad de llevarlo ante la Fiscalía y denunciar estos hechos que tienen un grave perjuicio para las arcas municipales.
