El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero ha fallecido este domingo. Era uno los principales imputados en la pieza política de la causa judicial sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE)

Así lo ha confirmado su abogado, Rafael Ramírez-García del Junco, quien ha indicado Francisco Javier Guerrero «empezó a sentirse mal de madrugada». «A falta de que la autopsia confirme la causa de su fallecimiento, parece que ha sido un infarto».

El letrado ha asegurado que Guerrero «estaba bien» y que en los últimos meses presentaba una actitud «animada» porque «parecía que le iban a empezar a salir mejor las cosas».

El auto era revelador. Francisco Javier Guerrero (PSOE) pudo conceder en un solo día subvenciones públicas por valor de 1,3 millones de euros a su chófer, Juan Francisco Trujillo. Este llegó a declarar que parte de ese dinero era destinado a pagar «cocaína, fiestas y copas» con Guerrero. El dinero era para paliar la crisis económica y ayudar a los parados andaluces. Sin embargo acabó en drogas, prostitución y fiestas.

Condenado a casi ocho años de cárcel

A Guerrero se le impuso una condena en noviembre de 2019 por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla a siete años, once meses y un día de cárcel y 19 años; seis meses y un día de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación; por el procedimiento específico a través del cual eran canalizadas las subvenciones autonómicas con las que fueron financiados los ERE fraudulentos. Además de ayudas directas y supuestamente arbitrarias a empresas.

«El dinero de los parados andaluces acabó en drogas, prostitución y fiestas»

En junio de este año, Guerrero formalizó su recurso de casación con destino al Tribunal Supremo (TS) alegando cuatro motivos. Comenzó por una «infracción de preceptos penales, así como otras normas que deberían necesariamente ser observadas para dictar sentencia»; pues la sentencia impugnada no tiene en cuenta «legislación aplicable» en el caso; como la orden ministerial de 1994 que regula la concesión de ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad social, a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas.

Guerrero ingresó dos veces en prisión. La primera entre marzo y octubre de 2012 por orden de la juez Alaya; la segunda entre marzo y junio de 2013. Más recientemente, en noviembre de 2019, la fiscalía Anticorrupción de Sevilla solicitó de nuevo su ingreso en prisión.

Francisco Javier Guerrero y los ERE

El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán recibió una condena en 2019 por la Audiencia Provincial de Sevilla a seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación. Todo por conocida como ‘pieza política’ de la causa judicial sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE); mientras que su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, tuvo una condena a nueve años de inhabilitación.

En el caso de Griñán el fallo apunto que «la presupuestación de gastos ficticios»; en referencia a la inclusión en el Presupuesto de IFA-IDEA de gastos que no eran suyos sino de la Consejería de Empleo. Una «evidencia que la Consejería de Economía y Hacienda conocía que las subvenciones no eran concedidas por IFA-IDEA, sino por la Consejería de Empleo. Pues de lo contrario, no hubiese sido necesario presupuestar los citados gastos ficticios».

Por otra parte, en el caso de Chaves señaló la Audiencia de Sevilla que «como presidente del Consejo de Gobierno aprobó las modificaciones presupuestarias que afectaron al programa 31L; que por su cuantía eran competencia del Consejo de Gobierno, hasta su cese en abril del año 2009».

Así como le atribuyó que como presidente del Consejo de Gobierno «participó en la aprobación del anteproyecto de Presupuestos y envió el proyecto al Parlamento»; circunstancia que le lleva a concluir que «conociendo que dentro del programa 31L se consignaba indebidamente la transferencia de financiación al IFA, concepto 440.51 en materia de relaciones laborales».

Más condenas

Por su parte, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández recibió una condena a 7 años, 11 meses y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 19 años, 6 meses y un día.

Mientras que los exconsejeros José Antonio Viera (Empleo) y Francisco Vallejo (Innovación) recibieron una pena  de 7 años y un día de prisión. Además de inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día. La Fiscalía Anticorrupción pedía para los tres ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

La exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo fue condenada a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación absoluta. La Fiscalía Anticorrupción le solicitaba seis años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

El exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías y la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez recibieron una condena de nueve años de inhabilitación especial por prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción les pedía diez años de inhabilitación por prevaricación.

Al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero se le impuso una pena de 7 años, 11 meses y un día de cárcel y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta.

Juan Márquez, también exdirector general de Trabajo, recibió una pena de 7 años y un día de prisión y 18 años y un día de inhabilitación absoluta. La Fiscalía Anticorrupción les pedía ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.