El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado por unanimidad denegar la suspensión de las órdenes nacionales de búsqueda, detención y encarcelamiento de Carles Puigdemont y del exasesor Antoni Comín. La decisión se ha acordado este viernes 11 de septiembre.

Estas órdenes fueron aprobadas por el instructor de la causa. Todo ello, después de que los dos fueran elegidos como eurodiputados en el Parlamento Europeo.

La orden señala que la solicitud de un líder independentista de suspender la ejecución daría lugar a una «confusión jurisdiccional». Además, supondría una injerencia en decisiones dictadas por jurisdicciones ordinarias.

Añade que, asuntos como el de Carles Puigdemont y Comín, ha de ser abordado «con suma cautela, caso a caso». Así se evitaría que el Tribunal Constitucional acabe desempeñando funciones que le están constitucionalmente vedadas por ser propias del juez ordinario del caso.

La petición por parte de Puigdemont y Antoni Comín, argumentada por el abogado Gonzalo Boye, calificaba la decisión de Llarena de «manifiestamente arbitraria». Se presentó en contra de la decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La misma, estaba presidida por el magistrado Manuel Marchena, que confirmó el criterio inicial del instructor.

Para la Cámara, el hecho de imponer inmunidad a Puigdemont y Antoni Comín, por su condición de miembros electos del Parlamento Europeo no es suficiente. Para la sala, ambos deben obtener la condición de miembro del Parlamento Europeo. Una condición que, hasta el momento, no se ha producido.

Los recurrentes también solicitaban al Tribunal Constitucional que planteara una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En el sentido de que era contrario al Derecho de la Unión y a la jurisprudencia del TJUE que no se suspendiera el procedimiento penal como consecuencia de su elección como parlamentarios europeos y conseguir la inmunidad correspondiente.