Más de 7.000 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil se despliegan en carreteras y principales infraestructuras de transportes públicos. Todo con el objetivo de controlar las restricciones de movilidad del Real Decreto del estado de alarma en la Comunidad de Madrid. E imponer multas en el caso de que fuese necesario.

En su comparecencia tras el Consejo de Ministros junto con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el titular del Interior señala que los agentes -contando también con la participación de policías locales- podrán multar en caso de desplazamientos no justificados, como ya ocurrió en marzo con el estado de alarma para el conjunto del país, aunque el ministro matiza que «no hay fin recaudatorio» sino interés por velar por la salud de los ciudadanos.

Legislación competente

A preguntas de la prensa, el ministro del Interior se remite a la «legislación competente» al hablar del régimen sancionador que recoge en su articulado el real decreto del estado de alarma aprobado en el Consejo de Ministros: «Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen las herramientas necesarios y se aplicarán con la proporcionalidad y necesidad que sea imprescindible, como vienen haciendo desde el principio.

Este tipo de medidas sancionadoras y multas en este ámbito no tienen un fin recaudatorio. Lo que tienen estrictamente es garantizar la salud pública del conjunto de ciudadanos«, defiende Grande-Marlaska, que insiste en que es esto último lo que determina las posibles sanciones.

Las infracciones pueden ser leves, graves o muy graves, lo que supone multas que van desde los 600 hasta los 600.000 euros. El despliegue comenzó antes de que se publicara el decreto en el Boletín Oficial del Estado, que es cuando ha entrado en vigor a todos los efectos. Se hizo coincidiendo con la hora habitual de salida de los fines de semana, en este caso además es el puente del 12 de octubre.

Plan de Interior

El plan de Interior está coordinado desde la Secretaría de Estado de Seguridad -habrá un CECOR, centro de coordinación, que se reunirá todos los días-. Y también supervisará el despliegue de policías municipales en Madrid capital; y los otros ocho municipios afectados por el estado de alarma. Los mismos excepto Alcalá de Henares en los que estuvieron vigentes las restricciones de movilidad hasta que fue tumbada por el TSJ de Madrid la orden de Sanidad.

Este dispositivo, ha dicho Grande-Marlaska, se diseña sin que «exista merma del resto de servicios que prestan» las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De ellas ensalza su «profesionalidad y dedicación».

Durante los tres meses que estuvo en vigor el estado de alarma decretado el 14 de marzo para toda España se tramitaron más de un millón de multas. En el caso de la Comunidad de Madrid, Policía Nacional, Guardia Civil y Policías Locales formularon 184.178 propuestas de sanción.

Todo ello por infracciones especialmente contempladas en los artículos 36.4, 36.5 y 37 de la Ley de Seguridad Ciudadana. Es la conocida como ‘ley mordaza’ que el Gobierno quiere reformar. Además, 1.410 personas fueron detenidas por desobediencia y resistencia a la autoridad en la región, hubo 2.091.750 identificaciones. Y 29.390 vehículos fueron interceptados en la vía pública sin autorización para circular en esta primera época de alarma. Todo según los datos recabados por la Delegación del Gobierno, que es el organismo que tramita dichas sanciones.