Mamen Sánchez ha respondido a través de un técnico municipal a la denuncia del Partido Popular de Jerez en relación a una vivienda ilegal que los populares han vinculado con el delegado del PSOE,  Jesús Alba.

Informe casa ilegal jesus alba ayuntamiento de Jerez mamen sanchez mamen sánchez

Remiten desde el Ayuntamiento de Jerez un informe técnico donde se especifica que “las obras que se están realizando no cuentan con la preceptiva licencia municipal y, por tanto, se están tramitando los correspondientes procedimientos disciplinarios”.

Además, dicho documento indica que “Jesús Alba Guerra como Delegado de Medio Rural no es el responsable de los actos”. Pero la realidad es que el suelo es propiedad de su familia y que la obra, según señalan vecinos y han denunciado los populares, la estaban llevado a cabo «su propio padre y su suegro». Estando esta nueva construcción al lado de una vivienda donde reside su hermana.

VECINOS DENUNCIAN QUE EL PADRE Y EL SUEGRO DE JESÚS ALBA REALIZAN LA OBRA

Los populares denunciaron que en la barriada de El Portal familiares directos del delegado del PSOE, “su padre y su suegro”, estaban construyendo una vivienda ilegal en una parcela propiedad de la familia del socialista. Donde su hermana tiene una casa.  Se dan las circunstancias de que en esa zona del El Portal no se puede construir, y que los jóvenes de la barriada se tienen que ir a otras zonas de Jerez porque no encuentran una vivienda en El Portal.

Construcción vivienda obras en El Portal delegado rural mamen sanchez

“No es justo que mis hijos se hayan tenido que ir a Jerez y ahora él por ser el delegado de Mamen Sánchez se haga una casa aquí en El Portal” indica muy ofendida una vecina de la barriada.

Construcción vivienda obras en El Portal delegado rural mamen sanchez

Ahora resta saber si Mamen Sánchez o el delegado de urbanismo van a poner en conocimiento de las autoridades la infracción cometida por los familiares directos de su delegado, ya que el propio reglamento de disciplina urbanística de Andalucía  en su artículo 3 exige a las administraciones públicas la colaboración en el cumplimiento de la legalidad urbanística y  “la debida comunicación de los hechos. En este caso, al Ministerio Fiscal a los efectos de la exigencia de la responsabilidad penal que pueda proceder”.