Prioridad a jóvenes y ancianos para el acceso a la Dependencia en Andalucía
El acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta para primar a determinados colectivos en 2019 no supondrá un coste adicional en los presupuestos
El Consejo de Gobierno ha aprobado el acuerdo por el que la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación priorizará los expedientes de personas menores de 21 y mayores de 80 años para el acceso a los recursos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, independientemente del orden de incoación de los mismos. Esta medida, que ha presentado la consejera Rocío Ruiz, se circunscribe al ejercicio 2019 y no supondrá un coste adicional en los presupuestos consignados.
El objetivo de esta iniciativa es dar respuesta a las personas en situación de dependencia sin prestación reconocida, especialmente en el caso de colectivos de especial vulnerabilidad derivada del ciclo vital en que se encuentran y que requieren necesidades especiales de atención para desenvolverse y ejercer sus derechos. En concreto, se refiere a las nuevas incorporaciones al sistema de las personas menores de 21 años, especialmente con dependencia severa (Grado II) o gran dependencia (Grado III), y a las personas mayores de 80 años, principalmente con dependencia moderada (Grado I).
La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha destacado que esta priorización de ambos colectivos pretende solucionar el colapso que existía en las listas de espera, "ya que el anterior Gobierno lo único que hacía era cumplir con la tasa de reposición e incorporar personas al sistema tras la salida de personas por fallecimiento, pero no nuevas altas".
Ruiz ha subrayado que "el plan de choque puesto en marcha por la Junta evidencia que con compromiso presupuestario real y trabajo se pueden incorporar nuevas personas al Sistema de Dependencia con sus prestaciones correspondientes. Esa inversión se demuestra a través del incremento de plazas residenciales para dependencia que entró en vigor el 1 de junio fruto del nuevo concierto social". Por otra, parte la Consejería está analizando la situación para poder incrementar el número de plazas residenciales disponibles.
Según datos de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA), a 31 de mayo 20.313 personas mayores de 80 años tenían reconocido el Grado I pero no se les había realizado su Plan Individual de Atención (PIA). De ellas, 9.186 llevan sufriendo una espera de más de dos años, según ha informado la consejera Rocío Ruiz.
Con fecha 1 de abril, el Gobierno de la Junta de Andalucía puso en marcha un plan de choque, con una inversión de 77 millones de euros, destinado a la reducción del tiempo de respuesta asistencial en materia de Dependencia. Gracias a éste, 2.858 personas se han incorporado al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia durante el primer mes del plan, lo que supone un incremento del 78% de las altas de personas beneficiarias en comparación con el mismo periodo del año anterior (1.255 personas más).
En concreto, el 30 de abril de 2018 había 2.292 personas menores de 21 años pendientes de recibir una prestación según su PIA, mientras que un año después, el 30 de abril de 2019, eran 2.066 las personas, coincidiendo con el primer mes de la puesta en marcha del plan de choque. Por otra parte, los mayores de 80 años en esta misma situación pasaron de 22.764 a 20.454 en el mismo periodo.
En cuanto a las personas beneficiarias, el plan de choque de Dependencia ha supuesto que los menores de 21 años hayan pasado de 16.802 a 18.337 en la comparativa entre ambas fechas y los mayores de 80 años, de 22.158 a 23.416.
Atención preferente
En el caso de las personas menores de 21 años, se hace necesario tratar con carácter preferente tanto a las que ya tienen reconocido un grado de dependencia como a las que aún no están valoradas para que, posteriormente, se les pueda asignar un recurso del sistema.
La prestación económica para cuidados en el entorno familiar se prevé como el recurso más adecuado para que estas personas desarrollen su vida en un contexto cercano. De hecho, las enseñanzas que se imparten en centros específicos de educación especial pueden prolongarse hasta los 21 años.
Por otra parte, las personas mayores de 80 años con Grado I destacan por su mayor volumen dentro del gran número de usuarios valorados con grado reconocido pero que todavía tienen pendiente su PIA y que se les asigne un servicio o prestación del catálogo de la Ley de Dependencia. En este caso, se ha tenido en cuenta el mayor riesgo de dependencia dada la fragilidad de esta etapa vital, por lo que adquieren especial importancia las actuaciones encaminadas a frenar el descenso gradual de las capacidades y destrezas a nivel físico e intelectual.
Las acciones derivadas de esta priorización de expedientes se harán extensivas a todos los niveles de atención y profesionales implicados: la detección de la situación por parte de los servicios sociales o sanitarios, la valoración de la situación de dependencia y la prestación de servicios.
Con el objetivo de que pueda conocerse la eficacia de la medida adoptada, se ha previsto un seguimiento de los resultados obtenidos en los tres meses siguientes a su finalización.
