«La investigación de Magrudis prueba los agujeros negros en los controles»

Ha asegurado que «la investigación de la Guardia Civil confirma los agujeros negros y fraude en la gestión de expedientes de actividades denunciados en reiteradas ocasiones»

Tras cerrar la Guardia Civil su investigación del brote de listeriosis provocado el pasado verano por la empresa Magrudis, concluyendo que desde diciembre de 2018 al menos tres de los investigados eran conscientes de la presencia de la bacteria en los productos distribuidos y que los responsables de la sociedad «no informaron a las autoridades», el Grupo popular del Ayuntamiento de Sevilla ha avisado de que las pesquisas reflejan además los «agujeros negros» en los controles municipales y la «falta de gestión» en la materia del alcalde, el socialista Juan Espadas.

En un comunicado, el portavoz municipal del PP, Beltrán Pérez, ha señalado la investigación del brote de listeriosis derivado de la carne mechada de la empresa Magrudis contaminada con dicha bacteria, un episodio epidémico que sumó más de 200 afectados, la muerte de cuatro de ellos tras consumir los productos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes y abortos en el caso de varias mujeres embarazadas también afectadas.

Al respecto, el Juzgado de Istrucción número 10 de Sevilla mantiene en prisión al gerente de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, y a su hijo y administrador único de la empresa, Sandro Marín Rodríguez, por un presunto delito contra la salud pública en concurso con tres delitos de homicidio por imprudencia grave, dos delitos de lesiones al feto con resultado de aborto y varios delitos de lesiones por imprudencia grave.

En ese contexto, Beltrán Pérez ha recordado que el PP ya había avisado de que este caso había puesto de relieve «clamorosos fallos y agujeros negros» por parte del Ayuntamiento.

Y es que más allá de que Magrudis comenzase a funcionar en 2013 sin contar con autorizaciones y no se diese de alta hasta 2015 en el registro autonómico alimentario, sin autorización municipal porque hasta 2018 no presentó una declaración responsable para intentar regularizar su actividad, un expediente sancionador incoado el 30 de agosto contra el técnico autor de dicha declaración responsable pone de manifiesto no pocas incidencias.

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En el citado expediente sancionador, recogido por Europa Press, se detallan aspectos como que los certificados finales de instalación, de contaminación del suelo, de alumbrado exterior y de prevención y calidad acústica «no vienen suscritos por el técnico con firma auténtica», toda vez que al no ser descrita la «capacidad de producción» de la empresa no era inicialmente posible determinar si procedía el trámite de la «auto calificación» de la declaración responsable u «otros instrumentos ambientales diferentes» como la autorización ambiental unificada o la calificación ambiental expresa.

«En cualquier caso, al disponer de una superficie total construida superior a 300 metros cuadrados, (…) resultaría necesario obtener, previamente a la presentación de la declaración responsable, una calificación ambiental expresa», se advierte en el expediente, según el cual también procedía una evaluación de impacto sobre la salud y una valoración sobre tal aspecto que «no se presenta» en el caso de Magrudis, toda vez que media además un «grave error de concepto» en la documentación presentada, al definir como «inocua» la actividad o no detallar «el proceso productivo», entre otros aspectos que llevaron a que el 28 de agosto de este año, después de surgir el brote epidémico, el Ayuntamiento determinase que esta declaración responsable no había «surtido efecto».

Al respecto, el portavoz del PP ha asegurado que «la investigación de la Guardia Civil confirma los agujeros negros y fraude en la gestión de expedientes de actividades denunciados en reiteradas ocasiones por el PP» con relación al papel del Consistorio en los hechos. Así, ve probado que después de que la empresa se acogiese a «un procedimiento que no correspondía» para regularizar la actividad que ejercía desde años atrás, el Ayuntamiento de Sevilla «no revisó el expediente» relativo a la declaración responsable de Magrudis hasta surgir «la crisis».

De tal modo, ha insistido en «la falta de gestión, la falta de tramitación y la falta de control del Ayuntamiento sobre las actividades, licencias, declaraciones responsables, calificaciones ambientales o cambios de titularidad». «Ante esta dejadez y la falta de responsabilidad del gobierno de Juan Espadas, se crean situaciones graves de inseguridad, como ha sucedido con el caso Magrudis», ha aseverado, reiterando que la investigación policial apunta a «una clara dejación de funciones en el control» que correspondía al Consistorio.

Por eso, ha reclamado al primer edil que «ponga freno a la auténtica avalancha de fraude que supone que no haya controles de licencias de actividades en el Ayuntamiento, porque los ciudadanos tienen que sentirse seguros a la hora de consumir o acudir a alguna instalación, sin que el riesgo o miedo a la falta de control sea un problema».