El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital pedirá al Banco Central Europeo (BCE) un informe sobre la fusión entre Bankia y CaixaBank. Una vez disponga de las conclusiones de dicho informe, será Economía quien tenga la última palabra sobre la operación, según fuentes financieras.

El papel del BCE en una fusión depende de la normativa del país o países en los que tengan su sede las entidades que se fusionan. Este tipo de operaciones no se regulan en el Derecho europeo, sino en el Derecho nacional.

Si el Derecho del país en cuestión otorga facultades al supervisor nacional a este respecto, el BCE ejerce dichas facultades cuando se trata de fusiones de entidades significativas.

En cualquier caso, el BCE debe aprobar adquisiciones de participaciones cualificadas en entidades de crédito cuando sean iguales o superiores al 10% de las acciones o derechos de voto de la entidad o superen los demás umbrales pertinentes (20%, 30% o 50%).

De este modo, la entidad que pretenda adquirir una participación cualificada deberá notificarlo al supervisor nacional.

«En principio, el BCE no tiene preferencias en relación con el tamaño y no disuade a las entidades de convertirse en más grandes», explica el BCE. Sin embargo, recuerda que para las entidades «demasiado grandes para quebrar» existen normas acordadas internacionalmente que exigen colchones de capital adicional y/o capacidad de absorción de pérdidas a las entidades grandes y sistémicas.

La legislación española hace recaer la última palabra en una operación de estas características en el Ministerio de Economia, que deberá pedir al BCE, como supervisor, un informe. En cualquier caso, el papel del BCE podrá cobrar mayor relevancia en función de la estructura de la operación.