'Okupan' una casa en Roquetas y la llenan de marihuana. La Guardia Civil ha desmantelado una plantación con 277 macetas de marihuana en una vivienda que funcionaba como punto de venta de estupefacientes. Era regentada por okupas en Roquetas de Mar (Almería), según ha informado la Comandancia en una nota.
Durante el lanzamiento de la casa en Roquetas los agentes observaron indicios de que la vivienda había sido empleada para la venta de drogas; de forma que desde una ventana podrían realizarse las transacciones ya que, junto a la misma, había una mesa con 81,3 gramos de cannabis; 17,2 gramos de hachís, una balanza de precisión, un spray de defensa personal y 146,82 euros en monedas.
Tras proceder al correspondiente registro, se halló un cultivo de marihuana en una de las habitaciones, con lo que los agentes se incautaron en la casa de 277 esquejes y el material habitual para llevar a cabo el mantenimiento del cultivo de marihuana.
Con la colaboración de técnicos de Endesa e Hidralia también se neutralizó un enganche ilegal a la red de fluido eléctrico. Y otro a la red hídrica en la casa, y otros ocho enganches ilegales a la red de fluido eléctrico y seis al hídrico en el mismo edificio.
La investigación continúa abierta a efectos de localizar y detener a los responsables de la plantación. Las diligencias se ponen a disposición del Decanato de Juzgados de Roquetas de Mar (Almería).
Penas de cárcel para okupas
El grupo parlamentario de Vox sometía recientemente a votación en el Pleno del Congreso una moción en la que reclama que se establezcan penas de cárcel para los okupas.
Por otra parte, piden mejorar la protección de los «legítimos titulares de los derechos reales» sobre los inmuebles objeto de ‘okupación’. La iniciativa de votación es consecuencia de la interpelación que esta formación dirigió el pasado miércoles en el Pleno del Congreso al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
En la moción, recogida por Europa Press, los de Santiago Abascal instan al Gobierno a promover la modificación del Código Penal. El fin de que «todas las modalidades de los delitos de usurpación de inmuebles sean castigadas con penas de prisión».
También le emplazan a modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para introducir estos delitos de usurpación en los que no concurre violencia o intimidación dentro de los recogidos en el artículo 795, de manera que se puedan resolver mediante juicios rápidos.
En paralelo, abogan por modificar también el artículo 553 en relación con los mismos delitos. En este sentido dar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los instrumentos necesarios para poder proceder al desalojo de las viviendas, permitiéndoles entrar en las mismas sin autorización judicial previa para detener a los ‘okupas‘.
También la comisión constitucional estudiará medidas contra los okupas
Pero esta no es la única iniciativa sobre ‘okupación’ que se debatirá en el Congreso esta semana.
La Comisión Constitucional discutía una proposición no de ley del PP para exigir al Gobierno que tome medidas para que las normas de empadronamiento contribuyan a evitar la ocupación ilegal.
Entre otras cosas plantea que las personas que ‘okupan’ locales o viviendas no puedan empadronarse en los mismos ni obtener, por tanto, lo derechos que corresponden por figurar en el padrón.
Los de Pablo Casado presentaron esta proposición no de ley después de que el Gobierno publicara el pasado 2 de mayo una resolución con instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal que establece que «la inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda».
Darse de alta en el padrón
El PP interpreta que, en la práctica esto va a permitir que los ‘okupas’ puedan darse de alta en el padrón aunque habiten inmuebles que no sean de su propiedad.
Con el objetivo de frenar esa «permisividad del Gobierno», los ‘populares’ reclaman que se legisle para que un inmueble ocupado ilegalmente no pueda tener la consideración de morada o domicilio. Así, los ocupantes ilegales no podrán gozar de la misma protección que quien compra una vivienda o vive en un piso pagando un alquiler.
Asimismo, la iniciativa pide que la ocupación de inmuebles no pueda dar lugar a la inscripción de ocupantes en el padrón municipal. Del mismo modo que la inscripción en el padrón de un ocupante ilegal se considere nula, no constituya prueba de su residencia o domicilio, ni atribuya ningún derecho.
También busca que los ayuntamientos den de baja de oficio, o a instancia del propietario o poseedor legal legítimo del inmueble ‘okupado’, las inscripciones de las que se tengan conocimiento.
