Siete municipios jienenses concentran los cambios en la escolarización

La aplicación del nuevo decreto de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía se llevará a cabo en Jaén, Linares, Úbeda, Torredonjimeno, Baeza, Bailén y Martos

El delegado de Educación y Deporte de la Junta en Jaén, Antonio Sutil, ha destacado que los nuevos cambios por el decreto de escolarización se concentran en siete municipios jiennenses, como son Jaén, Linares, Úbeda, Torredonjimeno, Baeza, Bailén y Martos.

Concretamente, la aplicación del nuevo decreto en la capital contempla dos modificaciones. Una de ellas implica que los estudiantes de todas las zonas de Jaén tengan la misma puntuación para acceder al bachillerato de Artes, «algo que hasta ahora no existía y que, evidentemente, está a favor de la educación pública y, ante todo, la igualdad», ha indicado Sutil.

La otra modificación afecta a la denominada ‘zona 1’ –que engloba el entorno de la Avenida de Andalucía– y solo en lo referente al nivel de Secundaria.

El delegado ha explicado que debido a que la adscripción para la ESO del centro concertado Sagrado Corazón ya era hacia el CPD Cristo Rey, se consideró, con la valoración y el análisis exhaustivo de los técnicos de la Delegación, que era coherente añadir este centro a la zona 1, de manera que el alumnado y las familias de este entorno «tendrán la máxima puntuación tanto en el centro concertado Cristo Rey como en los institutos públicos Az Zait, Auringis y La Fuentezuelas».

En la práctica, esta reforma «va a tener una incidencia mínima puesto que no se han ampliado las plazas de los conciertos y los alumnos del único centro de Primaria concertado de la zona ya tenían, con el anterior decreto, a Cristo Rey como centro adscrito».

Así, Sutil ha explicado los motivos por los que la huelga convocada el día 4, en opinión de la Consejería, «carece de justificación basada en datos reales» y rebate los principales argumentos aportados por los convocantes.

El delegado territorial ha «desmontado» el «supuesto ataque a la educación pública» con el ejemplo de la modificación de las zonas de escolarización en Torredonjimeno. Hasta ahora, en el municipio existían siete zonas de escolarización y «una de ellas estaba reservada a un centro concertado».

Es decir, ha detallado Sutil, «aquí la defensa a la libertad de elección de las familias se posiciona en el sentido contrario: los niños y niñas que tuviesen asignada esa zona solamente tenían la máxima puntuación por domicilio en el centro concertado».

Ahora, ha aclarado, se ha eliminado esa distinción y todas las familias de la localidad pueden escoger ambas opciones en igualdad de condiciones.

El resto de cambios se han dado en Baeza y Martos, de manera que, en todas las zonas de escolarización existe ahora la posibilidad de elección entre un tipo y otro de enseñanza. Lo mismo ha ocurrido en Bailén, Linares y Úbeda, donde esta modificación solamente afecta a Secundaria.

Sutil ha recordado que «no se han ampliado los conciertos educativos por lo que, en ningún momento, va a incrementarse y beneficiarse un tipo de educación respecto a la otra; las plazas que hay ofertadas en la escuela concertada son las mismas que el curso anterior».

«Quiero dejar claro que, ante todo, respetamos totalmente el derecho a la huelga de toda la comunidad educativa y, en general, de cualquier ciudadano», ha dicho Sutil, y ha añadido que, por lo que como administración «velaremos porque, por una parte, se garantice este derecho y, por otra, se cumpla la normativa en relación a los servicios mínimos y a la atención del alumnado que asista a los centros escolares».

Sin embargo, ha aportado que «es una cuestión de responsabilidad explicar a los ciudadanos, de forma pormenorizada, los detalles del nuevo decreto y las novedades que se han introducido en el proceso de escolarización de este año para que, cada persona, disponiendo de todos los datos reales y verificados, pueda elegir libremente».

Sutil ha sostenido que, entre otros motivos esgrimidos por los convocantes, la principal crítica consiste en acusar a la Consejería de «atacar a la escuela pública», asegurando que las medidas adoptadas «provocarán el cierre de unidades públicas y el aumento en la enseñanza concertada».

Esa aseveración es, en palabras de Sutil, «totalmente disparatada». «Andalucía cuenta con la mayor apuesta de un Gobierno andaluz por la educación en los 40 años de autonomía, ya que la Consejería de Educación asume el presupuesto más elevado de su historia con 6.858 millones, 456 más respecto a las últimas cuentas socialistas», ha indicado.

A este dato se le añade «la plantilla docente más numerosa, con más de 102.000 profesores, 750 más pese a la bajada de matriculaciones por el descenso de la natalidad». También ha destacado «la mayor inversión en Educación Especial de la historia, con 416 millones, 77 más que en el último presupuesto del anterior gobierno».

Por último, el delegado de Educación ha hecho hincapié en que en el global de las enseñanzas de Régimen General hay 30 unidades públicas más que el curso pasado. «Sí, más unidades, aunque nos estén intentando manipular señalando lo contrario», ha remarcado Sutil.

Sutil ha hablado, igualmente, de un apartado –artículo 9.4– «esgrimido por los convocantes» en el que se indica que «en los municipios, entidades o núcleos poblacionales en los que haya centros docentes públicos y privados concertados, las áreas de influencia para cada enseñanza se configurarán de forma que las personas solicitantes tengan la máxima puntuación por el criterio de proximidad al centro del domicilio familiar o del lugar de trabajo en, al menos, un centro de cada tipo».

El delegado ha explicado que este apartado responde a una exigencia normativa recogida en la Constitución Española, en su artículo 27, así como en el Estatuto de Autonomía para Andalucía y en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (artículo 84.1).

Además, ha apuntado que el decreto de escolarización aprobado en 2007 por el Gobierno socialista, en su artículo 8.1, recogía «exactamente el mismo precepto». «No se generó ninguna polémica entonces», ha indicado Sutil, y ha dicho que «habría que preguntarse el motivo por el que ahora critican lo que antes aprobaron».

Por otra parte, el delegado sostiene que las modificaciones introducidas en la provincia son «mínimas» y, «en ningún momento, benefician a un tipo de enseñanza o a otra, sino que favorecen la elección de las familias y ponen en el punto de mira al alumnado que, no lo olvidemos, es la esencia de la educación».

Así, ha especificado que se otorga mayor puntuación en el baremo a los niños y niñas con hermanos en el centro solicitado, a aquellos que presenten necesidades específicas de apoyo educativo –incluyéndose la valoración diferenciada según el grado reconocido de discapacidad– o a las unidades familiares con mayores dificultades económicas al disponer de una renta menor (apartado en el que, por primera vez, se valora también el patrimonio).