El Ayuntamiento de Isla Mayor (Sevilla), gobernado por Juan Molero (PSOE), ha incoado un expediente sancionador contra un vecino por irrumpir en la propia Casa Consistorial, «gritar e insultar a los allí presentes, tirar los postes puestos en la entrada para limitar el acceso, perturbar la tranquilidad de los funcionarios y faltarles el respeto».

Según la documentación recogida por Europa Press, en dicho expediente sancionador consta que el pasado 17 de junio, la Policía Local de Isla Mayor formuló una denuncia contra este vecino. Los agentes detallan que el aludido «se personó en el Ayuntamiento«, donde habría comenzado a «gritar e insultar a los allí presentes, así como a tirar los postes puestos en la entrada para limitar el acceso, así como a perturbar la tranquilidad de los funcionarios y a faltarles el respeto».

Ello, según figura en el expediente sancionador, constituye una infracción de la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana y Civismo, que especifica que «el comportamiento de los ciudadanos y ciudadanas en la vía pública y zonas de pública concurrencia debe mantenerse dentro de los límites de la buena convivencia ciudadana».

La infracción atribuida a este vecino es de carácter leve y, resultaría «sancionable con multa de 120 a 750 euros», extremo que habrá de resolver este expediente sancionador pendiente de la instrucción.

Multas por botellón

La Policía Local de Sevilla ha interpuesto hasta mediados de octubre un total de 5.475 multas a ciudadanos por consumo de alcohol en la vía pública en la capital andaluza frente a las 1.717 sanciones registradas en todo el año 2019, lo que supone un 319 por ciento más hasta el momento.

Según han informado desde el Ayuntamiento de Sevilla a Europa Press, de las casi 5.500 sanciones interpuestas, un total de 3.758 se han realizado hasta septiembre de este año, mientras que en los primeros 12 días de octubre ya se han alcanzado las 1.440 aproximadamente.

Todas estas acciones se enmarcan dentro del refuerzo de actuaciones que lleva a cabo la Policía Local para, además de garantizar el derecho al descanso de los vecinos, impedir el consumo de alcohol en la calle teniendo en cuenta la especial situación que se vive ante la pandemia originada por el coronavirus, así como para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias.