Aprueban un protocolo para prevenir «abusos sexuales a menores» en la Iglesia

El Arzobispado de Granada ha aprobado este protocolo, que tiene una vigencia inicial de tres años renovables y pasaría a ser definitivo «si no aparece legislación nueva»

El Arzobispado de Granada ha aprobado un protocolo de prevención y actuación ante abusos sexuales a menores y a personas vulnerables y un código de buenas prácticas para crear «ambientes sanos y seguros» en la Iglesia en la provincia.

Según un decreto firmado por el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez Fernández, publicado en la página web de la Archidiócesis y consultado por Europa Press, este protocolo tiene una vigencia inicial de tres años renovables y pasaría a ser definitivo «si no aparece legislación nueva, civil o canónica, y si no se viesen en el mejoras de especial urgencia o importancia».

El protocolo tiene carácter vinculante para todos aquellos que tengan cualquier tipo de responsabilidad «personal o institucional» en el trato con menores o personas vulnerables en los entes canónicos dependientes de la Archidiócesis de Granada.

«Quiero que todos los que actuamos en la archidiócesis y que tenemos trato con menores o con personas vulnerables nos tomemos con absoluta seriedad los pasos destinados a erradicar este crimen y a curar o a aliviar las heridas que siempre produce en las personas», indica en el decreto Martínez.

El protocolo, que sigue el establecido por la diócesis de Córdoba, «explicita y concreta» las medidas prácticas para «escuchar, tutelar, proteger y cuidar a los menores abusados, explotados y olvidados allí donde se encuentren».

El documento, también disponible en la web de la Iglesia granadina y consultado por Europa Press, engloba aspectos como el maltrato físico, psicológico o emocional, ciberacoso y el sexual.

Definición de abuso sexual

En lo que respectan a los abusos sexuales, estos son entendidos en el protocolo como «un atentado contra la libertad sexual de un menor o una persona vulnerable con el uso de violencia o intimidación, ya sea directo, indirecto», y también alude a «acoso, provocación y explotación sexual».

Entre los requisitos se recoge que será «obligatorio solicitar un certificado negativo del registro central de delincuentes sexuales a toda persona que vaya a tener responsabilidad profesional o voluntaria con menores en el ámbito de las instituciones y actividades diocesanas».

También obliga a que todos los sacerdotes o laicos firmen un «documento de responsabilidad personal» en el que manifiesten «de forma expresa su rechazo personal a todo tipo de abuso sexual, afirmando que conocen la doctrina de la Iglesias y las leyes civiles sobre este tema y que si llegan a cometer cualquier acto de abuso sexual lo harían engañando a la Iglesia, a las leyes civiles, siendo responsables única y exclusivamente de los actos que realicen».

El protocolo también establece igualmente la creación de una comisión de protección de menores y personas vulnerables y la elaboración de programas de formación específica y dedica, además, un apartado a la detección, denuncia y actuación frente al abuso sexual.

También prohíbe ponerse en «situación de riesgo o claramente ambigua» como entrar en los vestuarios, baños o duchas mientras estén los menores, compartir habitación de hotel o tienda de campaña, subir a un menor a solas en un coche o incluso «quedarse a solas mucho tiempo con un menor», por ejemplo, en la sacristía de la iglesia, sala o dependencia parroquial y con la puerta cerrada, entre otras medidas.

El protocolo señala que cualquier conducta inapropiada se realizará una actuación que puede ir desde una «indicación o sugerencia de mejora» de los actos a la comunicación de los actos «a las autoridades civiles, con la apertura de un expediente o el despido», según el caso.