El PP-A defenderá el jueves en el Pleno del Parlamento una proposición no de ley en la que se insta a la Junta a demandar al Gobierno central que apruebe de manera urgente una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal de viviendas, y que refuerce las medidas actualmente existentes en el ordenamiento jurídico, tanto a nivel penal como administrativo y civil.

En la iniciativa, el Grupo Popular también pide el Parlamento exprese su «firme compromiso con la defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas»; un compromiso que es compatible «con el apoyo y protección a aquellos vecinos y familias que se encuentren en situación de emergencia social, vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda».

Asimismo, se pide el apoyo de la Cámara a las modificaciones legales y las medidas incluidas en la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados.

La ocupación ilegal, un problema creciente

Según el PP-A, los datos evidencian que la ocupación ilegal es un problema creciente tanto en Andalucía como en el conjunto de España; que no solamente ataca el derecho a la vivienda y a la propiedad privada recogidos en la Constitución Española. Es algo que además altera gravemente la convivencia vecinal y pone en serio riesgo la seguridad e integridad de las personas y bienes.

Añade que esta alteración de la convivencia vecinal se produce por la proliferación de bandas organizadas que se dedican a ocupar inmuebles para alquilarlos de forma ilegal a personas o familias en situación de vulnerabilidad o para conseguir del legítimo propietario dinero a cambio de desalojar la vivienda usurpada ilegalmente.

Según ha explicado el PP-A, en los últimos años, se han producido avances legislativos en la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas como ocurrió en 2018 a través de la Ley 5/2018 que modificó la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil en relación a la ocupación ilegal de viviendas acortando plazos y agilizando procedimientos.

No obstante, entiende que a la vista de como está creciendo el problema en este momento, es necesario «reforzar el ordenamiento jurídico, para que los ocupas no puedan ampararse en ningún vacío legal. Así como para proteger y garantizar de manera contundente la propiedad privada, la convivencia y la seguridad jurídica. Además de luchar activamente contra la mafias que han hecho de la ocupación ilegal su negocio».