Ricardo G.H. alias el ‘Pollino’, su padre Ricardo G.G. ‘el Cabo’ y su esposa, Elisa F.M, principales acusados del triple crimen de Dos Hermanas han sido condenados a 76 años y medio de cárcel por la Audiencia de Sevilla.

Aunque sólo cumplirán una única condena de 40 años por los asesinatos del ciudadano turco Yilmaz Giraz, su pareja Sandra Capitán y la hija de esta última el 16 de septiembre de 2017, en una vivienda de la calle Cerro Blanco de Dos Hermanas (Sevilla).

En la sentencia notidicada este miércoles 2 de septiembre por la Audiencia, facilitada por el TSJA, se condena a los tres acusados por «delitos de dentención ilegal en concurso media con tres delitos de asesinato», por lo que les impone penas de 25 años de cárcel por cada uno de ellos, y otra de año y medio por la tenencia ilícita de armas.

La sentencia fija, no obstante, el «cumplimiento de una única condena de 40 años de prisión» para cada uno de ellos.

El jurado popular, en la vista oral, ya declaró culpables de tales asesinatos a los tres acusados.

En cuanto al resto de acusados, el juez ha acordado, en una sentencia de 90 folios, la absolución para la madre del ‘Pollino’, Joaquina H.J. y condenas de tres y cuatro años para David. H.P ‘Tapita’ y José A. M. B ‘Quino’ por «delito de detención ilegal» –como estableció el jurado popular–.

A ambos se les ha aplicado la «agravante de precio» y las atenuantes de confesión «muy cualificada» y «confesión simple», respectivamente.

Por otra parte, la sentencia impone a Manuela M.O. una condena de dos años y once meses de cárcel como cómplice de dicho delito.

En la misma sentencia, el juez ha prorrogado la prisión provisional del ‘Pollino’, su mujer y su padre hasta el día 3 de octubre de 2037, al tiempo que les impone libertad vigilada ‘postpenitenciaria’ de diez años a cada uno de ellos.

La Fiscalía mantuvo su petición de prisión permanente revisable respecto al ‘Pollino’, su padre y la mujer del primero, Elisa F.M., por los asesinatos de las tres víctimas del crimen.

Durante el juicio, los principales acusados se desligaron de los crímenes, asegurando que incluso fueron objeto de «amenazas» y presiones por parte de los investigadores cuando prestaron declaración ante la Policía Nacional.