El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha rechazado este miércoles 2 de septiembre, tras su encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) o pactar la renovación de los órganos constitucionales.

Sin embargo, según Casado, Pedro Sánchez ha aceptado estudiar una propuesta para crear de una Agencia Nacional para la Recuperación Económica de España.

«A una negociación se llega con papeles», ha reprochado. Después ha señalado que el PP no puede aceptar «un trágala».
Pedro Sánchez no ha hecho «los deberes»
Así, Casado ha lamentado que Pedro Sánchez no haya hecho «los deberes» para empezar a negociar los Presupuestos y que ahora trate de correr para aprobarlos en los tiempos previstos.

«No me ha aclarado los plazos, o si es un señuelo para marcar territorio, pero ni han empezado a redactar el anteproyecto», ha añadido.

Casado insiste en que, además, el papel del PP es de oposición, de alternativa al Gobierno, y que no negociará unas cuentas con un Ejecutivo del que forma parte Unidas Podemos.

El obstáculo de Podemos

El líder del PP ha señalado también al líder de la formación morada y vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, como el punto de bloqueo para pactar con el Ejecutivo los nombramientos pendientes.

Estos son, los del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional, el Consejo de RTVE o el Defensor del Pueblo.

Iglesias «está en una petición de cambio de régimen constitucional. Han pedido que el Rey abdique y que haya un referéndum sobre la Monarquía, y así empezamos muy mal», ha señalado.

Por tanto, «la pelota está en el tejado de Pedro Sánchez, para ver qué hace con Podemos», ha concluido.
El líder popular ha remarcado, además, que «nadie» va a «presionar» al Partido Popular con la renovación pendiente en la composición de las instituciones.
Según Casado, será el PSOE el que decida si rompe la coalición de gobierno o la mantiene. Ha vuelto a sugerir que los socialistas podrían gobernar en minoría, alcanzando acuerdos parlamentarios con el PP en «temas básicos» como la sanidad o la educación.

Agencia Nacional para la recuperación

Con todo, el líder de la oposición ha indicado que sí ha coincidido con Sánchez en varios puntos:

  • La necesidad de fortalecer el marco legal para combatir el coronavirus.
  • Buscar un pacto de Estado sobre sanidad.
  • Potenciar la sostenibilidad y la digitalización.
  • Mantener la cohesión social, asegurando que el Ingreso Mínimo Vital llega a las familias y que el sistema de pensiones es sostenible.

Sobre la «Agencia Nacional para la Recuperación Económica de España» que Casado ha propuesto crear, ha detallado que sería un órgano independiente.

Se evitaría así «la discrecionalidad y el clientelismo» en la asignación de las ayudas frente a la crisis provocada por el coronavirus.

También permitiría que éstas se desvincularan de los Presupuestos y que fueran plurianuales.

Según ha apuntado, esta agencia podría estar presidida por una figura «sin adscripción política» y con una reconocida reputación. Por ejemplo, un exgobernador del Banco de España o un excomisario europeo.

Lo que haría el PP sería prestar sus diputados para aprobar la ley que constituiría este nuevo órgano.

Reforzar el marco legal frente al coronavirus

Otro punto donde, según el presidente del PP, puede haber un «horizonte de colaboración» es el fortalecimiento del marco legal que reclama su partido para poder tomar medidas eficaces frente a la pandemia del Covid-19, «visto que el Gobierno no busca un punto intermedio entre el estado de alarma y la aplicación de la legislación ordinaria».

Así, ha dicho que el PP acepta modificar el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública.

Añade que ha planteado un nuevo apartado con «cinco medidas limitativas de los derechos de circulación o de movilidad» que podría tomar el Ejecutivo central.

Asimismo, el PP ha añadido la modificación de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

De eta forma, la privación de derechos —como cuarentenas obligatorias— tiene que seguir siendo autorizada por los juzgados.

Por su parte, para la limitación de la circulación y de la movilidad entre provincias, puede haber una autorización posterior.

Lo que sí pide el PP es que esa autorización no la den los juzgados de lo contencioso-administrativo.

Reclaman que sean las Salas correspondientes de los Tribunales Superiores de Justicia, si se trata de decisiones de las comunidades autónomas, o del Tribunal Supremo, si es una decisión del Gobierno de la nación.