La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que Madrid "no está en rebeldía". Por lo que cumplirá "todas las ordenes", dictadas por el Gobierno, "de manera estricta" aunque ha avisado que irá a los tribunales.
"Esta comunidad no está en rebeldía, este Gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las ordenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas", asegura Ayuso. "Ahora eso sí iremos a los tribunales nuevamente como hicimos con el pase de fase", ha manifestado en su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid, dirigiéndose al PSOE.
Buscarán "defender los intereses legítimos de los madrileños y que las medidas se ajusten a la normativa, a la realidad, que sean objetivas y justas"; porque sino se volverá a esas "colas del hambre y del paro" que la izquierda multiplica "por defecto".
La dirigente madrileña ha indicado que el lunes acordaron "diálogo y consenso" en una reunión en el que estuvo el vicepresidente, Ignacio Aguado, y dos ministros, Salvador Illa y Carolina Darias.
Justo después, según ha explicado Ayuso, vieron en la prensa y al día siguiente "en una orden escrita en un ladrillo intentando que nadie entienda nada". Con ello buscaban "imponer de manera unilateral a todas las comunidades un criterio"; que como se ha visto "de manera alegal ahora ya está publicado en el BOE".
La restricción a la movilidad es "de obligado cumplimiento" y da 48 horas para cumplirla
Desde el Gobierno que lidera Pedro Sánchez se ha explicado que el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública que sale publicado este jueves, 1 de octubre, en el Boletín de Oficial del Estado es «de obligado cumplimiento» incluso para las comunidades autónomas que votaron «en contra».
En concreto, el BOE recoge la orden que hace efectivas las restricciones de movilidad. Estas fueron aprobadas por la mayoría de las Comunidades en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Esto obliga al Gobierno autonómico de Madrid a aplicarlas y restringir las salidas y entradas a la ciudad de Madrid; al igual que otros municipios madrileños que cumplen los criterios fijados.
Desde el Ejecutivo se ha insistido en que la obligatoriedad del acuerdo viene marcada por el informe de la Abogacía del Estado. Esta establece que la norma aplicable en las votaciones del CISN es el artículo 151 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, que regula esta cuestión para todas las Conferencias Sectoriales, de la movilidad.
«Esta ley señala que los acuerdos obligarán a todas las comunidades autónomas, aunque voten en contra; si el Estado ejerce competencias de coordinación, como es el caso», han recordado. Además, señalan que esta ley «deroga todo aquello que resulte incompatible con ella».
